Guatemala – El Ministerio Público de Guatemala inauguró este jueves la Fiscalía Contra el Tráfico de Migrantes, con el apoyo de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), para combatir la extorsión, delitos contra la vida, crimen organizado y la corrupción en estos casos.
La fiscal general, Consuelo Porras, aseguró que la entidad «no recibe ningún recurso económico» que no provenga del presupuesto económico de la institución y enfatizó que «no hay interferencia de Estados UNidos en la creación de la Fiscalía», pero admitió que ese país sí hizo «donaciones de equipo y bienes muebles».
Además, Usaid apoyará con «acompañamiento técnico en la formulación de metodología» y «personas que apoyan esta mecánica técnica y jurídica» que dio vida a la Fiscalía Contra el Tráfico de Migrantes, que apenas en abril se había constituido como una unidad dentro de la Fiscalía contra la Trata de Personas y que ahora «ha evolucionado».
Porras advirtió que su responsabilidad es «que se respete y garantice la independencia del Ministerio Público», por lo que «nunca se va aceptar ninguna interferencia de ninguna persona o institución».
Consultada por la prensa acerca de la totalidad del costo al que ascenderá la inversión en la nueva Fiscalía, Porras dijo que no podía decir «a cuánto asciende la totalidad del gasto de esta fiscalía, pues tendrá su propio apoyo técnico».
Además, continuó, aunará esfuerzos con Honduras, El Salvador y hará intentos por vincularse a la fiscalía mexicana, pues «este tipo de delitos no se circunscribe únicamente a territorio nacional».
Porras señaló que el tráfico de migrantes «convierte a las personas en mercancías y les viola sus derechos humanos», y mencionó que «día a día un gran número de compatriotas padecen este flagelo» cuando «viajan en condiciones infrahumanas, en vehículos no aptos para el viaje, siendo víctimas de extorsión».
Lamentó que las ganancias producto de este crimen «se calculan en miles de millones de dólares», algo que «precisamente es lo que fomenta la corrupción en el sector público y privado».
La fiscal general afirmó que el tráfico ilícito de personas «provoca la pérdida de muchas vidas» y sostuvo que «es un delito trasnacional que se debe abordar desde la misma óptica».
Detalló que desde 2013, cuando el Ministerio Público comenzó a trabajar «en contra de ese delito», la entidad logró «la desarticulación de 10 estructuras criminales» y comentó que a raíz del incremento de este flagelo se analizó la posibilidad de enfrentarlo con mayor firmeza.
Por su parte, el embajador de EE.UU. en Guatemala, Luis Arreaga, celebró la inauguración de la Fiscalía a la que el Gobierno al que representa «continuará apoyando así como a otros esfuerzos que nos permitan alcanzar sociedades más prósperas, igualitarias y seguras».
Y aseguró que los esfuerzos de la Fiscalía «redundarán en la identificación y desarticulación de las estructuras criminales que se dedican al tráfico de migrantes» y que gracias a esta iniciativa podrán «reducir la migración ilegal».
Arreaga subrayó que el cruce ilegal de fronteras «conlleva riesgos enormes para las personas», como «secuestros, violaciones y trabajo forzado», pues quienes se dedican al «coyotaje» consideran a los migrantes «como mercancías y cometen el delito de tráfico ilícito de personas».
Finalmente, la fiscal Vilma González, que se hará cargo de la nueva entidad creada, puntualizó que «migrar es un derecho humano, pero debe hacerse en armonía, solidaridad e intercambio de las naciones» y que es una práctica «que proviene de las bases de la humanidad».
Sin embargo, el tráfico ilícito de personas «genera muerte, codicia y violaciones sexuales y a los derechos humanos entre quienes desean migrar y quienes lucran con ellos».
Esta nueva etapa contará con el «compromiso en la atención, investigación y la persecución del ilícito», que causa la «muerte y dolor» a sus víctimas, mientras que «quienes lucran con la vida de las personas que buscan una vida mejor generan millones de dólares con este mal», concluyó González.
