Los Ángeles – El equipo de trabajo designado por el presidente Joe Biden para reunificar a la familias inmigrantes separadas anunció este miércoles que está examinando 5.600 expedientes de casos adiciconales de niños migrantes posiblemente afectados por la política de “cero tolerancia” del Gobierno de Donald Trump.(2017-2021).
El anuncio se dio en una conferencia telefónica con medios nacionales en que los miembros del grupo de trabajo informaron del hallazgo de 5.600 archivos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que no habían sido revisados.
Los expedientes pertenecen a casos que van desde el 20 de enero de 2017, el día en que Trump tomó posesión, hasta julio de ese año.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citado por la Radio Pública Nacional (NPR), que habló con los periodistas bajo condición de anonimato, explicó que “hemos comenzado un proceso para revisar y cotejar esos archivos”.
«Este es un proceso manual, que revisa cada archivo en busca de pistas. Y es nuestra esperanza y expectativa que en este proceso se encuentren solo algunas familias adicionales. Pero es importante revisarlos y asegurarse”, añadió.
Biden firmó una orden ejecutiva a principios de febrero que creó el comité de trabajo con el objetivo de reunir con sus padres a los cientos de menores que fueron separados tras cruzar la frontera como resultado de la política migratoria de «cero tolerancia» de Trump, y que aún están bajo custodia de HHS.
Desde la creación del grupo se anunció que se trabajará con aliados en Centroamérica para encontrar a los padres, una tarea que será cuesta arriba porque el Gobierno no mantuvo registro sobre estas familias.
Desde que comenzaron las separaciones familiares en 2017 más de 5.500 niños fueron separados y, hasta diciembre pasado, 628 niños no se habían reunido todavía con sus progenitores, según documentos judiciales.
Las fechas de los nuevos archivos de los menores afectados no fueron incluidas en la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que logró detener la aplicación de la política.
Un fallo de junio de 2018 frenó la aplicación de esa política y un mes después el HHS identificó, según detalló un informe difundido por un comité del Congreso en octubre del año pasado, a «2.551 niños separados cubiertos por la orden judicial».
Para agosto de ese año, 2.000 de los casi 2.600 niños identificados se habían reunido con sus padres, pero no unos 600 pequeños cuya reunificación se complicó debido a que sus padres habían sido enviados de vuelta a sus países de origen.