Tegucigalpa – Este jueves se publicó el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) por parte de Transparencia Internacional, y el informe revela que Honduras bajó 11 puestos en la escala de medición, la puntuación más baja en ocho años.
-La corrupción socava la posibilidad de una respuesta global justa y equitativa y sus insidiosas consecuencias han causado un número incalculable de víctimas mortales, concluye un informe de la ASJ.
-En la clasificación de 180 países, Honduras cayó 11 escalones en comparación con 2019.
La evaluación corresponde al año 2020 y en una escala de cero a 100, donde cero es lo más cercano a la corrupción y 100 lo óptimo en transparencia, Honduras obtuvo 24 puntos, dos puntos menos que en el año 2019 cuando obtuvo 26 puntos.
Con 24 puntos en el índice, dos puntos menos que 2019, el país cayó 11 escalones en la clasificación mundial, por lo que se sitúa en el número 157 de 180 países y territorios incluidos en la evaluación.
El IPC clasifica a los países de acuerdo con sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, basándose en 13 evaluaciones de expertos y encuestas a ejecutivos de empresas, en una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan el índice, con 88 puntos. Siria, Somalia y Sudán del Sur ocupan el último lugar, con 14, 12 y 12 puntos, respectivamente.
En el continente americano, los mejores posicionados son Canadá (77), Uruguay (71) y Chile (67). En el otro extremo, las peores puntuaciones son las de Venezuela (15), Haití (18) y Nicaragua (22).
Para Centroamérica, el único país que se ha mantenido en los últimos ocho años (2012- 2020) en el umbral de los 50-55 puntos es Costa Rica, por lo que se coloca como el país más transparente de la región.
Estancados
A raíz del estallido de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y sus devastadoras consecuencias, 2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente. Este turbulento año ha demostrado que la COVID-19 es más que una crisis sanitaria y económica.
La corrupción socava la posibilidad de una respuesta global justa y equitativa y sus insidiosas consecuencias han causado un número incalculable de víctimas mortales.
Las actuaciones de emergencia en respuesta a la COVID-19 han revelado profundas grietas tanto en los sistemas sanitarios como en las instituciones democráticas, poniendo de relieve que, en multitud de casos, las personas que están en el poder o controlan las finanzas del Estado sirven a sus propios intereses en lugar de los de las personas más vulnerables.
La mayoría de los países evaluados en 2020 no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción y más de dos tercios puntúan por debajo de 50.
Por otro lado, los países que obtienen buenos resultados en el IPC invierten más en atención médica, están en mejores condiciones de brindar cobertura universal de salud y tienen menos probabilidades de violar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho.
«Hemos venido diciendo a lo largo del año que la emergencia no es un cheque en blanco. Aún en las respuestas a una crisis como la que enfrentamos, los gobiernos deben respetar el estado de derecho, los derechos de la ciudadanía, las limitaciones que imponen las reglas constitucionales. La emergencia no justifica el abuso de poder y hemos visto a través de nuestras investigaciones que hay una clara correlación entre aquellos países más propensos a la corrupción y las respuestas más autoritarias frente a la crisis sanitaria”, manifestó Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional.
Triple emergencia
En el último año, Honduras fue azotada además por la pandemia de COVID-19, por dos huracanes, mientras la pobreza y la desigualdad continúan siendo muy altas.
La debilidad de las instituciones ha contribuido a la falta de preparación para afrontar los desastres a lo que se suma la falta de planificación alarmante en la compra de suministros relacionados con la COVID-19, precios excesivos en el material sanitario y acuerdos opacos en la compra de los siete hospitales móviles, de los cuales apenas uno se encuentra en operaciones, señala la Asociación Para una Sociedad Más Justa (ASJ) en un comunicado.
En la última década, el país ha sufrido pérdidas millonarias y reveses importantes en la lucha contra la corrupción e impunidad. Por ello, para hacer frente a la etapa de recuperación, es esencial que la lucha contra la corrupción no se quede atrás.
Para lograr el objetivo, es importante fortalecer los procesos de auditoría interna de las instituciones públicas, con independencia y capacidad, así como garantizar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, la certificación de compradores públicos y la investigación de actos de corrupción.
«Es urgente que en Honduras los funcionarios públicos cumplan con la Ley de Contratación del Estado, para poder hacer procesos de compras y contrataciones transparentes, eficientes, que contribuyan a reducir la corrupción. La no impunidad es otro elemento, al corrupto hay que sancionarlo”, señaló Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras para agregar que, – es importante que se investigue y se puedan sancionar en el marco de lo que establece la ley.
Agregó que “no menos importante es la movilización ciudadana. El silencio nos hace cómplices, cualquier acto de corrupción tenemos que denunciarlo, hay que organizarnos, hay que movilizarnos. No podemos seguir tolerando la corrupción, porque la corrupción mata”.
