Tegucigalpa – La ausencia de políticas públicas integrales y la falta de transparencia para el acceso a la información son dos de los principales obstáculos que enfrentan las víctimas de la violencia doméstica y sexual en Honduras para obtener justicia, alerta un estudio dado a conocer este miércoles en Tegucigalpa.
En el país centroamericano hay «difícil acceso» a la información pública y una «inexistencia de una política integral de atención de delitos contra mujeres, jóvenes y niños», señala el Diagnóstico de «Seguridad y Justicia» en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán.
Detalla además que los jóvenes de entre los 15 y 25 años son los más afectados por la criminalidad, principalmente por los homicidios.
El informe fue elaborado por la Alianza por la Paz y la Justicia, que forma parte de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una organización de la sociedad civil creada en 1998.
«Se presentan la violencia doméstica, intrafamiliar, lesiones y maltratos orientados a mujeres, jóvenes y niños y todavía la política de seguridad y justicia no están enfocadas a estos grupos, (pese a que) son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad», dijo a Efe el oficial de Derechos Humanos de ASJ, Russlan Espinal.
Señaló que el robo, la violencia sexual y la doméstica son los delitos que más afectan a las mujeres y la juventud de Honduras, que tiene una población de 9,2 millones de habitantes.
FALTA LOGÍSTICA
Espinal lamentó que las autoridades hondureñas no cuentan con «toda la disponibilidad logística» para atender este tipo de delitos.
La violencia doméstica «mal atendida» por las autoridades y la falta de «una sanción suficientemente fuerte” podría convertirse en «violencia intrafamiliar como delito» y acabar en un feminicidio, enfatizó.
Destacó además que el 29,9 % de las personas que murieron de manera violenta entre 2018 y 2019 eran mujeres y jóvenes.
El informe señala además que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia «no ha profundizado de manera específica sobre esta grave problemáticas y, por tanto, no han ofrecido soluciones o respuestas que confronten estas condiciones de violencia que sufre» los grupos vulnerables.
Entre otros delitos denunciados, según el documento, figuran las lesiones, amenazas, portación ilegal de armas y el tráfico ilícito de drogas.
GRAN VULNERABILIDAD
Para el director de Seguridad y Justicia de ASJ, Kennet Madrid, dijo a Efe que el diagnóstico demuestra «la gran vulnerabilidad» en delitos contra la mujer, la libertad sexual y contra la niñez.
«Hay una gran cantidad de delitos e infracciones que se desarrollan y al final se demuestra que la repetición de estos ilícitos», requiere que el Estado impulse medidas preventivas contra estas manifestaciones de violencia, enfatizó.
Madrid coincidió con Espinal subrayando que si la violencia doméstica «no se ataca preventivamente se convierte en otro ilícito que puede generar un grave daño a la mujer».
Lamentó además que el país no exista una «conducta preventiva fuerte» orientada a impulsar una «cultura de generar un cambio en las relaciones de género entre parejas» para erradicar la violencia contra los grupos más vulnerables.
IMPUNIDAD
El diagnóstico, según el experto, señala que muchas de las denuncias contra estos tres delitos «no son procesadas, es decir, no fueron investigadas» y, por lo tanto, los agresores no son requeridos por las autoridades judiciales.
La falta de diligencias genera «impunidad», lo cual suscita «resquemor» entre la ciudadanía sobre para que denunciar «sino habrá una investigación efectiva» que permita castigar a los responsables, añadió.
La Policía Nacional de Honduras registró en 2018 un total de 5.859 denuncias de violencia doméstica en los departamentos de incidencia del informe, 6.731 por robo y 1.778 por agresiones intrafamiliares, según el documento.
Ante este panorama, la Alianza por la Paz y la Justicia y ASJ recomiendan al Estado de Honduras a «mejorar los mecanismos de solicitud de información pública» ante la falta de delegados regionales.
Además, atender los problemas que afectan a la juventud y las mujeres, pues son los grupos que históricamente han estado «en el olvido».
