Tegucigalpa – Honduras conmemora hoy el Día del Árbol en medio de la “agonía” de sus bosques cuya esperanza de vida es de 71 años, si no se actúa de inmediato.

Así lo establece la tercera entrega de la serie Estado de País 2026, titulada «Cambio Climático: Bosque y vidas en riesgo», presentado en Tegucigalpa por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

En Honduras, el Día del Árbol se celebra oficialmente el 30 de mayo de cada año. Esta fecha cívica fue establecida en 1926 mediante el Decreto Ejecutivo N.° 85, con el propósito de exaltar el pino como árbol nacional y promover la conservación de los bosques en el país.

En ese contexto, Honduras conmemora esta fecha con muchos retos y desafíos y con un pronóstico desalentador para los bosques que proveen de vida a diversos ecosistemas.

De mantenerse el ritmo actual de deforestación e incendios, la cobertura forestal hondureña podría desaparecer por completo en 71 años (para el año 2094), un escenario que no solo amenaza la biodiversidad, sino que impacta la economía y la seguridad humana, concluyó la investigación.

El informe revela que la principal amenaza ambiental denunciada en 2025 fue la explotación ilegal de recursos naturales. Con 527 denuncias -ocho veces más que las reportadas por contaminación de aire, agua o suelo-, este se consolida como el principal delito ambiental en el país.

A pesar de la magnitud del problema, el apoyo presupuestario para combatirlo es mínimo: en 2025 solo se asignaron 11.8 millones de lempiras a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, cifra que representa apenas el 0.4% del presupuesto del Ministerio Público, limitando su capacidad operativa.

Esta precariedad institucional se extiende a la protección de los derechos humanos. En la última década, se contabilizan 111 defensores del ambiente asesinados, de los cuales el 92 % de los casos permanecen en la impunidad. Para el Instituto de la Justicia, esta situación refleja una grave carencia de recursos técnicos y financieros especializados para investigar crímenes contra quienes están en la primera línea de defensa de los recursos naturales.