Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este lunes en Tegucigalpa que «resulta indispensable que Honduras avance en el proceso de fortalecimiento de su institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho».
El señalamiento de la CIDH lo recoge el «Informe de país Honduras» presentado en un hotel de la capital hondureña por el comisionado Joel Hernández.
«El informe es un diagnóstico que hace la Comisión después de haber realizado una visita in loco al país en julio del año pasado, y con información actualizada que hemos recabado a lo largo de estos meses», dijo a Efe el comisionado de la CIDH.
Agregó que el informe contiene un diagnóstico de la situación de derechos humanos en Honduras a partir de varios ejes temáticos transversales y que, «lo más importante, es que tiene 30 recomendaciones dirigidas al Estado para que de manera puntual avance en el fortalecimiento de su sistema de justicia para la protección de los derechos humanos».
Además de la presentación del informe, se instaló una mesa especial de asistencia técnica que ayudará al Estado hondureño al cumplimiento de las recomendaciones del informe de la CIDH.
Sobre la respuesta que ha recibido la CIDH del Estado hondureño, Hernández indicó que «ha sido de apertura y de diálogo» y que «hay que reconocer que esta es una visita que se realiza por invitación del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández».
FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA
La CIDH indica en su informe que Honduras enfrenta niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.
«La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos», añade.
Subraya que organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la existencia de lo que consideran una «justicia selectiva» que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actuaría favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial.
También persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías de independencia de los órganos de control de jueces, debido a que continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema de Justicia, tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.
CONFLICTO POSTELECTORAL
El informe aborda la situación de derechos humanos en el país con énfasis en el conflicto postelectoral, seguridad ciudadana, administración de justicia, libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Además, analiza de manera particular la situación de grupos y personas de especial preocupación, como mujeres, niños y adolescentes; personas LGBTI, defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; privadas de libertad, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas (negras), y personas en contexto de movilidad humana.
Honduras vive desde hace diez años una crisis política y social a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, que se agudizó luego de que el actual gobernante fue reelegido el 26 de noviembre de 2017 mediante un «fraude», según aduce la oposición.
Joel Hernández resaltó que la CIDH valora las medidas adoptadas por el Estado de Honduras para hacer frente a algunas de las situaciones presentadas en el informe.
En particular, la CIDH reconoce la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el fin de impulsar y ejecutar la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
También reconoce la creación y ejecución del Sistema de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH) con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por los distintos mecanismos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos.
Se suma la aprobación de la Ley de la Carrera Policial y los esfuerzos en cuanto a la disminución en la tasa general de homicidios y para fortalecer y profesionalizar a la Policía Nacional, y la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como el compromiso manifestado de continuar con el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección.
COMPROMISO DEL ESTADO CON LA CIDH
La procuradora general de Honduras, Estela Cardona, destacó que el Estado hondureño y la CIDH se comprometieron a la instalación de la Mesa de Asistencia Técnica y a «efectuar las coordinaciones para implementar y monitorear de manera conjunta las acciones necesarias, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe».
La Mesa, añadió, es un mecanismo único que incorpora, a diferencia de otros mecanismos de la región, el trabajo conjunto entre el Estado y la Comisión mediante la realización de talleres, seminarios y asistencia técnica en la construcción de políticas públicas, alineadas con los estándares internacionales.
Cardona señaló que se ha elaborado un plan de trabajo a desarrollarse «a mediano plazo, en un año, con productos que serán ejecutados con el objetivo de apoyar los procesos de fortalecimiento institucional en temas prioritarios definidos conjuntamente».
A la presentación del informe de la CIDH asistieron representantes de diversas organizaciones con las que Comisión se reunió en Honduras en su visita de 2018.
