Tegucigalpa – Honduras debe trabajar en la prevención del desplazamiento interno forzado por la violencia, que obligó a 631 personas a huir de sus hogares entre 2021 y 2022, y ofrecer «soluciones duraderas», señaló este jueves a EFE la Pastoral de Movilidad Humana, una organización de la Iglesia católica hondureña.
«Es muy necesario tener un tema de prevención, atención y de protección» de las personas desplazadas, dijo la coordinadora de la Unidad de Desplazamiento Forzado por la Violencia de la Pastoral de Movilidad Humana, Fany Martínez, en entrevista con EFE en Tegucigalpa.
El Parlamento hondureño aprobó en diciembre pasado la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, un fenómeno que el país reconoció en 2013.
Honduras requiere, según Martínez, «un sistema completo donde el Estado sea garante de los derechos de las personas desplazadas” con un enfoque en la prevención.
Según el último estudio presentado en 2019, unas 247.000 personas tuvieron que dejar su hogar de residencia y buscar protección en otra parte del país por razones vinculadas a la violencia causada por grupos armados, pandillas o maras entre 2014 y 2018.
Martínez lamentó que Honduras no cuente con cifras nacionales actuales e información desagregada que permita visibilizar más el desplazamiento interno en el país.
Considera que la falta de datos actuales «no nos deja tener un panorama completo» del desplazamiento forzado interno, un problema que junto a la violencia ha venido en aumento en los últimos años.
CAUSAS MULTIFACTORIALES
Martínez destacó que uno de los hallazgos de la Pastoral de Movilidad Humana fue que las causas del desplazamiento interno forzado en Honduras «son multifactoriales, es decir, es un tema de violencia, situación económica, de riesgos sociales y de muchos otros factores».
Además, señaló que las personas desplazadas son víctimas de amenazas, intimidación, extorsión, violencia y reclutamiento forzado.
«Hemos visto que las amenazas son la mayor causa, lo que está interconectado con las otras causas, es decir, el hecho de que un familiar muere o es asesinado también tiene como consecuencia una amenaza a las personas», explicó.
Según un estudio de la Pastoral de Movilidad Humana, el 57,1 % de las personas se desplazó de manera forzada por amenazas; 10,38 % por asesinatos de familiares; 8,44 % por reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado; 5,84 % por intento de homicidio; 4,54 % por extorsión; 3,24 % por persecución de instituciones del Estado y 2,59 % por violencia sexual.
El 35,97 % de los desplazados en Honduras son menores de 18 años, lo que demuestra que los niños son «víctimas directas» de este fenómeno, y el 64,02 % son mayores de 18 años, detalla el informe de la organización de la Iglesia católica.
MUJERES, LAS MÁS AFECTADAS
Martínez precisó que las mujeres son las que más se han desplazado de manera forzada en los dos últimos años, con un 50,39 %, mientras que los hombres representan el 49,61 %.
Los departamentos que más casos de desplazamiento forzado registran son Cortés, norte, con un 37,86 %; Francisco Morazán, centro, con el 24,27 %, y Yoro, también en el norte, con el 15,53 %, añadió.
Asimismo, aseveró que es esencial contar con un sistema «integral» que contribuya a prevenir todas las causas del desplazamiento forzado interno en Honduras.
Ante ello, la representante de la organización de la Iglesia católica recomendó impulsar «soluciones duraderas» porque las personas necesitan «soluciones a largo alcance» para prevenir su desplazamiento, y recibir asistencia y ser reubicadas una vez que deciden salir de sus hogares.
Las personas requieren «una reubicación que sea a largo alcance, que sea duradera, que las personas cuando se restablezcan en otro lugar debido al desplazamiento, puedan tener un lugar más estable, entonces al final son soluciones desde la prevención durante y después del desplazamiento», enfatizó.
La mayoría de los desplazados piden «medidas de protección internacional» y muchos de ellos cuando se ven obligados a abandonar sus hogares se enfrentan a «muchas dificultades» y ven «vulnerados muchos de sus derechos».
La experta aseguró que el Estado de Honduras tiene «la obligación» de proteger a las personas desplazadas aun cuando han cruzado una frontera internacional.
