La exclusión y el marginamiento son las deudas de la democracia y del sistema político-electoral hondureño hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Por: Maira Medina, Kenny Castillo, José Miguel Álvarez y Luis Escalante
Edición: Jorge Barrios y Thelma Mejía
En los últimos veintiún años, de los casi cuarenta desde el retorno formal a la democracia en Honduras, apenas cinco personas de la comunidad indígena, en especial afro y lenca, han ocupado cargos de ministros y viceministros en los distintos gobiernos del 2002 al 2022. En su mayoría por coyunturas particulares pero no por políticas públicas de inclusión.
Lo mismo ha sucedido a nivel Legislativo. En dos décadas, de las 128 curules en el Parlamento los grupos originarios apenas han tenido 21 representaciones como diputados-propietarios y esto se debe casi exclusivamente a esfuerzos personales ligados al activismo político partidario.
“Nosotros hemos llegado más por esfuerzos individuales que por inclusión. En mi caso, me tuve que sacrificar tres veces para poder obtener una curul. En mi primera participación política, en el 2013, participé por el PAC (Partido Anticorrupción), y había presiones para que no participara como diputado o, en todo caso, que fuera suplente. Pero al momento de la escogencia, pasó Salvador (Nasralla), coordinador del partido PAC y dijo: él es garífuna, déjenlo en la posición 12, y así fue”., dijo Tomás Ramírez, actual diputado garífuna por el Partido Salvador de Honduras (PSH), por el departamento de Atlántida, al norte del país.
La primera vez que Ramírez incursionó en política lo hizo por el partido Liberal, en la oposición, como candidato a alcalde del municipio de El Porvenir, Atlántida, pero no llegó ni siquiera a regidor. Y si bien no salió en el 2013 como diputado, en su segunda incursión, en el 2017, logró su diputación cuando los cobijó otro partido, el Partido Innovación y Unidad (PINU), luego de que por maniobras políticas le quitaran la conducción del PAC a Salvador Nasralla.
En 2021, Ramírez logró reelegirse como diputado por el PSH, la nueva agrupación política fundada por Nasralla, actual designado presidencial de la República tras llegar al poder en alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre), que llevó a Xiomara Castro a convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras.
Ramírez fue hasta el 9 de mayo de 2023 jefe de bancada del PSH, un partido que tiene 10 diputados, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien llegó ahí como parte de la alianza entre Libre y el PSH. Exportero de fútbol y maestro de contadores, Ramírez dijo que tiene entre sus proyectos legislativos una reforma a la Ley Electoral para que los pueblos originarios y afrodescendientes tengan derecho a una cuota electoral política de representatividad en las elecciones.
La doctora Johanna Bermúdez, subjefa de bancada del opositor Partido Nacional (PN) coincide con su colega Tomás Ramírez en que la discriminación impide la participación política plena de los pueblos indígenas y garífunas en Honduras.
“Es que el Estado como Estado de ninguna manera nos ha facilitado nuestra participación, sino que más bien ha sido una lucha constante que significa derribar los estereotipos, la discriminación estructural, el racismo incipiente y sobre todo la falta de oportunidades que hay hasta en nuestra comunidad, en nuestra gente”, acota la diputada.
Para ella, los partidos políticos carecen de criterios para dar participación política a los pueblos afrodescendientes y originarios, “se lo digo como una mujer afro, como una mujer negra que soy; hay que luchar mucho, porque ellos se rigen por la normativa que existe y, lastimosamente, no hay una ley que nos respalde a los pueblos tradicionalmente excluidos”.
Bermúdez considera que el PN es la agrupación política que más apertura ha tenido con los pueblos afro e indígenas al nombrar a varios de sus integrantes como ministros y viceministros. La diputada también menciona la creación de un ministerio para los pueblos indígenas y afro en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), que fue desarticulado y bajado de categoría en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, y ahora eliminado por el gobierno de la presidenta Castro.
De los nueve grupos étnicos que existen en el país, que comprenden un poco más de 1.3 millones de personas de una población total de Honduras de 9.5 millones de habitantes, las etnias afro y lencas son las que han tenido mayor participación en la política y cargos de dirección en la administración pública. Le siguen a nivel de diputaciones en el Congreso Nacional, los miembros de la comunidad étnica misquita. Pero esa representatividad o participación en puestos de poder no se traduce en espacios de incidencia real porque una cosa “es llegar al poder y otra tener poder”, afirma el extitular de Cultura, Arte y Deportes, Tulio Mariano Gonzáles, consultado para esta nota.
Dependemos de la voluntad de los políticos…de los presidentes
Gloria López, es la primera mujer indígena lenca que llegó a ser viceministra de la desaparecida Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Sedinafroh), en la administración de Lobo Sosa.
Su historia se remonta a 1993 cuando decidió salir de su casa y llegar a la capital a buscar empleo. “Si usted no tiene un cartón (título), lo que le espera es ser empleada doméstica. Trabajé 17 años y la familia con quien trabajaba me apoyó en mis estudios y llegué a segundo ciclo de educación secundaria. También me permitieron seguir conectada con mi pueblo lenca, yendo y participando de reuniones”, recuerda la exfuncionaria.
La también fundadora de la Organización Nacional Indígena de Honduras ha tenido una participación en los grupos indígenas y en la política pero acepta que, en la práctica y pese a haber ostentado un cargo como viceministra de los pueblos indígenas, la incidencia política es poca, “ya que hasta ahora nosotros dependemos de la voluntad de los políticos, ministros, presidentes, pero seguimos luchando por tener una política pública.”
De su paso por la Sedinafroh destaca el trabajo de incidencia para que se diera la aprobación de una política pública para la mujer indígena y afro hondureña, “la cual seguimos impulsando porque son procesos largos que ameritan de mucho consenso”, asegura López, quien ahora coordina la Red de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas.
Su compañero en la Sedinafroh, el exministro Luís Green de ascendencia garífuna, relata que el surgimiento de esa institución fue consensuado porque nació de “las entrañas de los pueblos de nuestro país». Y porque el presidente Lobo Sosa “tiene un cariño especial por los pueblos indígenas, en especial los garífunas, pues su nacimiento fue asistido por una partera garífuna, llamada Catalina Gil. Ella lo trajo al mundo en la comunidad de Trujillo. Él nace en la casa de sus padres, no en un hospital, por eso ha estado siempre agradecido con la comunidad. Fue su voluntad política crear la Sedinafroh”, señaló el exfuncionario.
“Lamentablemente en el primer período de Juan Orlando Hernández (2014- 2018), se suprime la Sedinafroh y pasa a nivel de dirección; ya en el segundo período de Hernández (2018-2022), se baja a una subdirección y, por último, hoy en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ya no existe. Parece que se creó un comité pero ya no hay atención directa para los pueblos; no hay interés en crear políticas públicas”, dijo Green, periodista de profesión.
En Honduras habitan 9 pueblos culturalmente diferenciados. Los pueblos indígenas Chortí, Lenca, Misquito, Nahuas, Pech, Tawahka, Tolupán; y los pueblos afrodescendientes garífunas y negros de habla inglesa o creoles, que comparten con el resto de la población mestiza severas condiciones de extrema pobreza y abandono. Tras más de 200 años desde la independencia de España, muy poco ha cambiado para ellos.
Geográficamente los pueblos indígenas y afrohondureños están distribuidos en quince de los 18 departamentos. Gracias a Dios es el departamento con mayor número de población indígena y cuenta con presencia de los pueblos Misquito, Tawahka, Pech y Garífuna, que constituyen el 99% de la población. Colon es un departamento con gran cantidad poblacional garífuna y una pequeña población Pech; en Olancho existe la presencia del Pueblo Pech y Nahuas; Yoro cuenta con una gran cantidad de población Tolupán; Copán es la cuna del Pueblo Maya Ch’orti’ y Lempira es tierra Lenca.
Según el XVII Censo de Población y Vivienda (2013), el 80% de la población indígena y afrohondureña vive en la zona rural y carece de acceso a los servicios básicos. El 17% ni siquiera ha podido ingresar al sistema educativo y tan solo un 2% de las personas indígenas y afro alcanza el nivel superior.
Para Tulio Mariano Gonzáles, exdiputado y exministro de Cultura, la representatividad de los pueblos originarios en cargos de gobierno o en organismos del Estado responde a “cuestiones coyunturales y situaciones fortuitas”.
Existen al menos tres criterios por los cuales los partidos políticos incluyen en sus planillas electorales a miembros de los grupos indígenas “activismo político, la familia y el aporte económico” señala.
Sobre el perfil de los candidatos, los prefieren deportistas, artistas, comunicadores sociales o periodistas. “Los políticos buscan outsiders con un perfil alto en el público por la actividad social que desempeñan”, subraya.
Ashanti Crisanto, exdiputada por Libre, encaja en ese perfil del político “outsider” que define Gonzáles. Es socióloga pero se le conoce más por representar en la danza a la cultura garífuna en diversas partes del mundo. Su paso por la política, en un partido que se denomina inclusivo, no fue el mejor. “Fui diputada y mi partido poco o nada me tomó en cuenta”, dijo en una breve entrevista concedida para este reportaje.
En el mismo sentido se pronunció el exministro Gonzáles al resaltar: “hay una enorme diferencia entre llegar al poder y tener poder. Por ejemplo, la actual presidenta llegó al poder, pero no tiene poder. Así nos pasa con muchos miembros de comunidades indígenas. Algunos hemos llegado a saborear pedacitos de poder pero no hay ninguno que haya tenido poder real. El poder tiene que ver con estructura económica, organizativa y con un apoyo firme de sectores que tienen acceso, y nosotros no lo hemos tenido”, enfatiza.
González coincide en que su ascenso en la política fue por esfuerzos individuales, familiares, tradiciones en los partidos o por ser dirigentes populares y gremiales, pero no como resultado de una política pública de inclusión.
Las reformas pendientes
Consultado al respecto, el especialista en temas electorales y exintegrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Augusto Aguilar, destacó que la Constitución de la República no contempla cuotas en cuanto a grupos étnicos, aunque sí se hizo una reforma para la inclusión de las mujeres.
Aguilar argumenta que, según el texto constitucional, todas las personas son iguales ante la ley y no hay diferencias por razones de raza, credo o religión, “entonces, no hay necesidad de establecer normas para la participación de grupos particulares, y por esa razón tampoco hay una disposición en ese sentido en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas”.
Una posición que no comparten líderes de grupos indígenas lencas y afrodescendientes, al asegurar que no se puede hablar de democracia plena mientras el Estado no reconozca la pluriculturalidad y el multilingüismo.
“No tenemos en el Parlamento, por ejemplo, representantes de los intereses de la población indígena, (quienes están) representan los intereses de un partido político y aunque pertenecen a un pueblo indígena han hecho muy poco trabajo. Se debe luchar por reformas políticas y constitucionales más incluyentes en donde se declare al país multilingüe, pluricultural y plurinacional, además de promover las consultas previas para mayor representación”, señala Salvador Zúniga, dirigente lenca.
En el mismo sentido opina Miriam Miranda, dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh): “Hay que avanzar para que a la gente indígena y garífuna dejen de usarla para llenar planillas o cubrir puestos, para dejar a un lado la democracia electoral, porque eso es lo que tenemos, una democracia electoral; la inclusión de candidatos indígenas y garífunas en las planillas es más por clientelismo político. Hay que avanzar hacia una consulta previa, amplia y representativa”, abogó. Miranda indicó que después del golpe de Estado de 2009 se produjo una leve apertura inclusiva, pero no una participación plena de las comunidades garífunas e indígenas. “Al final la participación política es a título individual no comunitaria”, argumentó.
Una radiografía de la exclusión
La participación efectiva de representantes de los grupos étnicos en las esferas políticas y burocráticas no reflejan la aplicación del principio de igualdad que reclaman los pueblos originarios. Entre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el actual de Xiomara Castro, apenas tres integrantes (hombres) de la comunidad garífuna, y una mujer lenca, ocuparon cargos.
En el ámbito Legislativo las cifras mejoraron un poco sin llegar a ser significativas. En el período de gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), apenas tres garífunas y una misquita fueron electos diputados. Los cuatro del Partido Liberal por los departamentos de Cortés, Atlántida, Gracias a Dios y Francisco Morazán. En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) hubo una diputada garífuna del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán y un diputado misquito del Partido Nacional por el departamento de Gracias a Dios.
En la primera administración de Juan Orlando Hernández (2014 al 2018), solo hubo un diputado propietario del Partido Liberal proveniente del pueblo misquito y del departamento de Gracias a Dios. Luego, entre 2018 y 2022, en su cuestionada reelección presidencial, 8 afrohondureños -5 hombres y 3 mujeres- formaron parte del Parlamento y un misquito ocupó una curul por el departamento de Gracias a Dios.
En la actual administración de Xiomara Castro (2022-2026), seis diputados -2 mujeres y cuatro hombres garífunas- forman parte de la Cámara Legislativa por los partidos Nacional, Salvador de Honduras, Liberal y Libre. Y en el poder Ejecutivo solo hay un ministro indígena de la etnia garífuna en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
A lo largo de los dos siglos de existencia del Estado hondureño, muy poco o nada se ha hecho por incorporar a las comunidades indígenas y negras en la toma de decisiones y garantizar equidad en la participación política.
La inclusión no avanza como debiera. Las decisiones de incorporarlos en los listados de candidaturas siguen siendo clientelares, basadas en la capacidad de aporte económico a la campaña política o por la coyuntura. La apertura en los partidos políticos a la participación de los pueblos originarios sigue siendo lenta como lenta es también su transformación.
La participación política igualitaria de los pueblos es otra deuda pendiente de la democracia hondureña.
Este texto se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.
