Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Un policía activo violó sexualmente a por lo menos ocho niños, todos ellos vulnerables. Abusó de su condición identificándose como miembro activo de la Pandilla 18 y aprovechaba sus días libres para cometer sus horrendos crímenes.

– Violadores en serie, otra amenaza contra la niñez hondureña.

– La denuncia, poderosa arma cuando los violadores asechan a la niñez.

Las víctimas fueron varones de entre nueve y 15 años y su condición de abandono, de ser parte de los más olvidados, de aquellos que deambulan por las calles de la capital hondureña, fue una especie de fermento ante el poder que ejercía aquel uniformado de la policía de Tránsito que los llevaba a zonas aisladas donde les abusaba.

Ahora ese policía activo de 31 años, casado, residente de la colonia Cantarero López en Comayagüela, enfrenta una condena de 90 años por abuso sexual infantil.

En los buses del transporte público se cometen reiterados abusos.

El crimen serial del cobrador de bus

Un violador serial de 29 años, cobrador de bus, casado. Sus víctimas fueron siete, entre niñas y jóvenes mujeres de entre 13 a 23 años. Todas ellas fueron abusadas entre mayo y junio de 2019.

Su radio de acción criminal se extendía a colonias como Las Uvas, El Hato, Suyapa, San Miguel y el sector de San Felipe. La diversidad geográfica mostraba que en ningún sector de la capital hondureña le parecía difícil cometer sus fechorías.

El cobrador se hacía pasar por pandillero del Barrio 18 para intimidar a sus víctimas a las que subía en un bus “rapidito”, a punta de pistola. Este facineroso fue condenado por seis casos, en dos, con penas de 10 y 9 años mientras en cuatro aún no se ha individualizado la condena.

El ingeniero en sistemas y sus fechorías

Abordaba a sus víctimas pidiéndoles ayuda para encontrar la ubicación de una escuela cercana a la que, según les explicaba, llevaba libros y útiles escolares para donarlos. Incautas, las pequeñas se subían a su vehículo y él las llevaba al sitio donde cometió por lo menos siete violaciones.

Todas estas niñas vestían uniformes escolares y sus edades oscilaban entre los nueve y 12 años.

Este ingeniero en sistemas casado, de 33 años, vecino de la Residencial Santa Lucia, cometió los delitos en ese mismo sector en un lapso de entre ocho y nueve meses.

Tras ser detenido en la norteña ciudad de San Pedro Sula este hombre fue condenado por abuso sexual infantil a 60 años de cárcel.

Muchos de los abusos se cometen “a domicilio”.

Por lo menos 13 niñas fueron abusadas por un vendedor de comidas en sus casas

En tanto, un vendedor de arroz chino, también casado y de 29 años, cometió 13 violaciones sexuales contra niñas de entre 11 y 17 años en el sector de la colonia Flor del Campo en Tegucigalpa. Todos los casos ocurrieron en las propias casas de las niñas.

Su rosario de crímenes lo llevaron a una condena de 150 años por un cúmulo de 21 delitos de abuso sexual infantil. Sus actos documentados se registraron entre marzo y agosto de 2016.

¡La denuncia es vital!

Estas violaciones muestran como los agresores seriales y otros criminales que cometen abusos contra menores y jóvenes, no tienen distingos sociales y están en cualquier sitio, acechando a su próxima víctima.

Estos casos fueron parte de investigaciones en la que una unidad especial de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), junto a organizaciones aliadas y autoridades competentes lograron desentrañar y llegar al fondo de los casos en los que la denuncia y la colaboración de las víctimas fue vital.

La participación de la unidad especial creada desde una instancia civil fue vital para coordinar diligencias, asignar tareas, realizar análisis y vigilancia con la colaboración del 911 y cámaras privadas, hasta llegar a la ejecución de órdenes de captura.

No existen políticas públicas encaminadas a prevenir el abuso sexual infantil.

Un estudio realizado por una coalición de organizaciones que velan por los derechos de los niños como La ASJ, Red Viva, Plan Internacional, Caritas, Casa Alianza, Compassion, Word Vision, Unesco-HN y Save de Children, revela que a nivel nacional se registraron 8,945 denuncias de abusos contra menores en un periodo cinco años comprendidos de 2016 a 2020.

De estos casos más de 87% correspondieron a abusos contra niñas y el resto a niños. Los más afectados están comprendidos entre los 12 y 15 años.

La violación especial (2,834); los actos de lujuria (2,372), la violación (1,403); el estupro (836) fueron los crímenes de mayor incidencia por las secuelas que dejan en las victimas ya que implican acceso carnal, mientras les siguen el rapto con un reporte de 434 casos.

No existen políticas públicas encaminadas a prevenir el abuso sexual infantil. Aunque se conocen esfuerzos aliados los mismos no parecen incidir en la disminución de estos crímenes denunció la coalición de organizaciones en pro de los derechos de los niños, encaminados a denunciar y prevenir estos abusos de graves secuelas.

Tampoco puede indicarse que existan respuestas prontas ante las denuncias y la cobertura territorial y de servicios en las zonas de mayor incidencia es limitada.

El presupuesto, la fragilidad institucional y la cobertura de servicios, – indica el informe, – son parte del entorno que imposibilita las respuestas oportunas para proteger debidamente los derechos de los niños y niñas.

El clamor general es para que la institucionalidad ofrezca respuestas a las víctimas.

Las respuestas no pueden esperar

Los niños y las niñas no pueden seguir esperando respuestas, la investigación de los casos y las medidas preventivas son vitales dijo un portavoz de Plan Internacional mientras un defensor de los derechos de los niños de la ASJ clamó por activar los guardianes comunitarios escolares como medida preventiva.

Igualmente, desde la mesa técnica en pro de los derechos de los menores, pidieron un mayor compromiso de los medios de comunicación para poner atención especial en las víctimas y “no empatizar con los agresores”, cuestionaron.

La capacitación, el acompañamiento a la denuncia, la protección, el apoyo psicológico, y el alto a la impunidad deben ser apartados que marquen los procesos para poder contener la ola de abusos contra los menores, expusieron en el análisis del estudio.

Una pandemia sigilosa

En Honduras, los abusos sexuales contra los niños son una especie de pandemia silenciosa y hasta “normalizada”, concuerdan expertos de la mesa que se ha consolidado desde los espacios civiles para atender esta problemática.

La violencia y los abusos sexuales contra los niños está ligada a una violencia arraigada que no distingue entre las víctimas pero que se ensaña contra las más vulnerables.

Urgieron  poner en relieve esta problemática ya que consideran que invisibilizarla impide que se actúe a tiempo para prevenirla o para castigarla en los casos donde los abusos ya se han cometido.

Coincidieron en que en la mayoría de los casos los agresores están ligados o son del círculo próximo de la víctima.

La niñez es el blanco predilecto de los abusadores en Honduras, debido a la poca efectividad de la justicia.

Los datos de la justicia

Durante 2021, en plena pandemia del COVID 19, a los tribunales de sentencia a nivel nacional ingresaron 64 casos por delito de violación contra menores y se emitieron 22 condenas, 28 sentencias absolutorias y 62 resoluciones, de acuerdo con datos obtenidos por Proceso Digital de la Unidad de Estadísticas del Poder Judicial. El informe revela que, en esos mismos tribunales, por delito de lujuria se ingresaron 36 casos y se emitieron 15 sentencias y 39 resoluciones (que pueden incluir del rezago de años anteriores).

En 2020, el primer año marcado por la pandemia originada por el coronavirus, los casos de violación ingresados a los tribunales de sentencia a nivel nacional fueron 49 y las sentencias condenatorias emitidas fueron 17; las absolutorias 18 y las resoluciones sumaron 35 en total. Por lujuria se reportaron, en el mismo año, 33 ingresos, nueve condenas, 13 absoluciones y 22 resoluciones.

Para 2019, indica el reporte estadístico del Poder Judicial, se reportó el ingreso de 87 casos de violación de menores en los tribunales de sentencia, de ellos se registraron 48 condenas, 40 sentencias absolutorias y 85 resoluciones. En el mismo periodo los actos de lujuria ingresados sumaron 63; las condenas emitidas fueron 18, las absoluciones 22 y las resoluciones 41.

Los juzgados de Letras, Niñez y Adolescencia a nivel nacional registraron en 2019, el ingreso de 37 casos; 28 condenas, cinco sentencias absolutorias y 60 resoluciones en total. En 2020 los mismos registros indican que por violación el ingreso de caso fue de 24, las condenas 13, hubo una absolución y el total de resoluciones a nivel nacional fue de 27. En 2021 se ingresaron 47 casos, se obtuvieron 16 condenas, una absolución y 45 resoluciones.