Miami – Una veintena de hondureños, casi todos mujeres, se manifestaron este lunes en Miami para pedir al presidente de EEUU Joe Biden, un nuevo Estatuto de Protección Temporal (TPS) y denunciar que el Gobierno de Honduras «no hace nada» por ayudar a los ciudadanos de ese país en el exterior.
Las mujeres, algunas acompañadas de sus hijos pequeños nacidos en este país, portaban carteles con mensajes pidiendo una redesignación del TPS para acoger a más hondureños localizados en EEUU, pero también con menciones a los feminicidios en Honduras.
Una de las manifestantes, que se identificó como Nancy, llevaba un cartel en el que pedía justicia para las 46 mujeres asesinadas en una pelea entre bandas dentro de una cárcel en Honduras, una de las cuales, Elsy Marian Rodas Cortés, era su sobrina, aunque la quería como una hija, pues la había criado.
Según dijo a EFE mostrando una fotografía de la joven adornada con un lazo negro de luto, Elsy padecía un cáncer de matriz y precisamente el día de la reyerta seguida de un incendio registrada en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cercano a Tegucigalpa, tenía que haber ido a una cita en un hospital.
Fue «acribillada» y luego quemada y su cuerpo todavía no ha sido identificado, subrayó con lágrimas en los ojos.
La mujer, que dijo ser indocumentada, afirmó que lo sucedido en la cárcel demuestra que los inmigrantes hondureños necesitan protección contra la deportación, pues no pueden volver a un país donde «no hay oportunidades ni se respetan los derechos humanos».
En otra de las pancartas que los manifestantes llevaron al Parque Francisco Morazán, en la Pequeña Habana de Miami, se leía «No más muertes de mujeres si en Honduras hay una mujer presidenta, Xiomara (Castro)».
En marzo pasado la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea dijeron que la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema que requiere un abordaje «urgente» en Honduras, donde, según cifras del primero de esos organismos, ha habido más de 7,100 asesinatos de mujeres entre 2005 y 2022.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, organizadora del «plantón», preguntó a los participantes si sentían que su gobierno les apoya para legalizar su situación en EEUU o mejorar sus vidas y ellos respondieron al unísono que «no».
El activista destacó que en Florida un TPS ampliado se hace más necesario por la inminente entrada en vigor de una ley que castiga a los indocumentados y a quienes los ayuden a salir adelante.
En unas declaraciones a EFE, Flores dijo que, según datos recabados por la Fundación, un 35 % de los hondureños sin documentos que había en Florida a comienzos de año se han marchado a otros estados, ente ellos un grupo de obreros cualificados de la construcción, para evitar ser deportados después del 1 de julio.
Los destinos que eligen para asentarse son sobre todo Georgia y Carolina del Norte, según dijo el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien dijo echar en falta que la presidenta y su gobierno o el cuerpo diplomático de Honduras en EEUU actúen para ayudar a sus connacionales en este país.
«Dolores», una inmigrante indocumentada que participó en la manifestación y trabaja como empleada doméstica, dijo a EFE que su fe en Dios la libra de tener «miedo» y, por eso, piensa quedarse en Florida, aunque se moverá con precauciones.
Uno de sus dos hijos aquí «ya ha resuelto» su situación migratoria porque está casado con una ciudadana estadounidense, pero el resto de la familia está librado a su suerte sin un TPS mayor al actual.
La Administración Biden extendió por 18 meses más el TPS que beneficia a más de 300,000 migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Nepal, que pueden así trabajar en el país y evitar su deportación, pero no lo abrió a nuevos beneficiarios.
