Tegucigalpa – Más de 50 mil hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y sus familias aguardan entre el miedo y la esperanza un dictamen final del Noveno Circuito de San Francisco, California, Estados Unidos.
-El panorama es complejo para los beneficiarios del TPS ya que el programa ya fue cancelado, pero aguardan un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que les podría otorgar más tiempo antes de una deportación.
Los hondureños migrantes amparados por el TPS mantienen la esperanza de que una Corte de Apelaciones en Washington D.C. emita una resolución favorable a su condición migratoria, misma que deberá pronunciarse en el mes de junio sobre el TPS para Haití, país con el que se mantienen demandas colectivas sobre este programa migratorio. El pronunciamiento final para Honduras se debe conocer en noviembre por parte del Noveno Circuito de San Francisco, California luego que los demandantes en representación de Honduras acudan a una audiencia.
Sin embargo, aguardan con miedo esta decisión ya que el programa ya fue cancelado oficialmente por el Gobierno de los Estados Unidos y el pronunciamiento de la Corte podría ser una afirmación a esta decisión.
Un juez federal ordenó revertir la decisión gubernamental de cancelar el beneficio migratorio, pero posteriormente un Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California anuló la orden del juez, dando la razón al Gobierno, por lo que ahora diversos alegatos de apelación sostiene en vilo el programa ya que el mismo aguarda un pronunciamiento final de la Corte de Apelaciones, decisión que podría ser anunciada en los próximos días.
Vaivén judicial
El 8 de julio de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS para Honduras tras determinar -tras revisión de condiciones del país y consulta con agencias federales- que ya no se cumplían los requisitos estatutarios: las condiciones de vida alteradas temporalmente por el huracán Mitch habían mejorado de manera sustancial y Honduras podría recibir de vuelta a sus nacionales.
La terminación entró en vigor el 8 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas (hora local). Aproximadamente 55 mil beneficiarios (cifra aproximada al momento del anuncio) perdieron automáticamente su protección contra la deportación y la autorización de empleo.
Sin embargo, el caso judicial National TPS Alliance et al. v. Noem et al. (No. 25-cv-05687-TLT, Distrito Norte de California) alteró temporalmente ese panorama: El 31 de diciembre de 2025, un juez federal de distrito anuló la decisión de terminación del DHS, argumentando que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y restauró el TPS para Honduras (así como para Nepal y Nicaragua).
El 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió una suspensión de esa orden del juez de distrito. Los magistrados consideraron que el gobierno federal tiene probabilidades de prevalecer en la apelación, ya sea por falta de jurisdicción del tribunal inferior o por demostrar que la decisión del DHS no fue arbitraria ni caprichosa.
De acuerdo con la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) actualizada al 11 de febrero de 2026 y sin modificaciones posteriores, el TPS para Honduras está terminado.
La designación y los beneficios asociados finalizaron el 8 de septiembre de 2025, y la orden de suspensión del Noveno Circuito mantiene en vigor esa terminación mientras continúa el proceso de apelación. Los documentos de autorización de empleo (EAD) ya no se encuentran extendidos automáticamente.
“Muchos perdieron la esperanza”
El líder de la comunidad hondureña en Miami, Juan Flores, dijo a Proceso Digital que “muchos perdieron la esperanza”, la decisión de cancelación se anunció hace casi un año y desde entonces la mayoría perdió sus trabajos.
Acotó que muchos hondureños han optado por la autodeportación y otros ya fueron deportados ya que la vigencia de sus documentos venció y no fueron renovados.
Se espera que en el mes de junio exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones en Washington D.C., pero Honduras deberá acudir con sus representantes a una audiencia en el mes de noviembre, explicó el líder hondureño.
Acotó que mientras eso sucede muchos hondureños están vendiendo sus activos como casa o automóviles a precios de remate ya que se encuentran desprotegidos legalmente y pueden ser deportados en cualquier momento.
“La moneda sigue en el aire, la incertidumbre y el estado de indefensión en el que se encuentran es triste, muchos prefieren darse por vencidos y no seguir esperanzados”, expresó Flores.
Guía
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras presentó hace dos semanas una guía dirigida a los ciudadanos hondureños beneficiarios TPS en Estados Unidos.
En el material, autoridades hondureñas brindan orientación a los hondureños acogidos a este programa migratorio que ya fue cancelado por el gobierno estadounidense.
Se recomienda consultar siempre a un abogado de inmigración en Estados Unidos antes de realizar cualquier trámite, especialmente si los documentos de TPS ya están vencidos o próximos a vencer, recomiendan las autoridades hondureñas.
Adicionalmente, advierten sobre los peligros de seguir consejos no oficiales o caer en estafas: “si no tiene base real, a la larga esto le perjudicará”, enfatizaron.
En la guía se subraya la necesidad de ser honestos en todos los trámites y no mentir a los oficiales migratorios, ya que esto puede tener consecuencias graves.
Asimismo se brinda indicaciones prácticas sobre viajes internacionales, documentación requerida y otros procedimientos relacionados con el mantenimiento del estatus migratorio.
Preocupados, pero con esperanza
Willian Rodríguez, un tepesiano hondureño, dijo a Proceso Digital, que se encuentran preocupados, pero con esperanza.
Destacó que ya no dependen de ningún Gobierno, sino meramente del Noveno Circuito de San Francisco, California.
“Estamos al pendiente de la Corte, pero mientras se pronuncia estamos preocupados”, expresó el tepesiano.
Origen
El TPS, creado en 1990, es un mecanismo humanitario que protege temporalmente a nacionales de países azotados por desastres naturales, conflictos armados o crisis extraordinarias, impidiendo su deportación y otorgando permisos de trabajo.
Para Honduras, el programa se activó en enero de 1999 tras el devastador huracán Mitch, que dejó más de 5 mil muertos y destruyó el 70 % de la infraestructura del país.
Desde entonces, ha sido extendido 18 veces por administraciones de ambos partidos, convirtiéndo en un «estatus semi permanente» para muchos, pese a su diseño como medida transitoria.
Actualmente, en términos legales se encuentra cancelado y solo tiene vida en la Corte de Apelaciones. (RO)
