Tokio – La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado a Japón a revisar sus leyes migratorias para facilitar el asilo de refugiados y poner fin a las largas detenciones de personas sujetas a deportación, colectivo al que corresponden muchas de las solicitudes.
HRW, que dedica al archipiélago japonés algo más de seis páginas de su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2021, publicado este jueves, recrimina al país su recelo a los refugiados: «El sistema de determinación de asilo y refugiados de Japón sigue fuertemente orientado contra la concesión del estatus de refugiado».
Japón recibió en 2020 un total de 3.936 solicitudes de asilo, según los últimos datos gubernamentales disponibles, pero sólo concedió el estatus de refugiado a 47 personas, mientras que a otras 44 las categorizó como individuos con necesidad de asistencia humanitaria, permitiéndoles quedarse en el territorio.
Los largos períodos de detención de extranjeros sobre los que pesan órdenes de deportación y los repetidos incidentes con lesiones en instalaciones de detención de este tipo en el país son tema recurrente de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera del país, y también en este informe.
El pasado febrero, con vistas a atajar estas críticas, el gobierno propuso una enmienda del Acta de control de inmigración y reconocimiento de refugiados que contemplaba la libertad supervisada bajo fianza para estas personas como alternativa a la detención.
El proyecto generó controversia. Los críticos argumentaban que la revisión de las disposiciones legales seguía manteniendo la detención como principio y no como excepción o último recurso, y que facilitaba las deportaciones, lo que violaría el principio de no devolución de solicitantes de asilo, que con frecuencia se encuentran entre estos detenidos.
La muerte en marzo de la esrilanquesa Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali a los 33 años bajo custodia de las autoridades migratorias tras negársele acceso adecuado a tratamiento médico impactó en las negociaciones políticas sobre el proyecto legal. En un movimiento inusual, el gobierno descartó la enmienda en mayo.
HRW también menciona la vigencia de la pena de muerte en Japón que, cuando este informe ya había sido redactado, ejecutó en diciembre pasado a dos reos japoneses.
El texto cita en particular la práctica de avisar de la ejecución a los condenados pocas horas antes de su consumación, una praxis que llevó en noviembre a dos prisioneros del corredor de la muerte nipón a demandar al Estado por considerarla «ilegal» e «inhumana» y que vulnera sus oportunidades de ver a sus abogados y apelar.
