Tegucigalpa – Honduras debe adoptar medidas «urgentes» para combatir la corrupción, un flagelo que «vulnera» los derechos humanos en un país donde es apremiante establecer una comisión anticorrupción «independiente, autónoma y efectiva», según un informe divulgado este viernes por Human Rights Watch (HRW).
«La corrupción es un problema estructural en Honduras que vulnera los derechos humanos», señaló HRW en su informe «Honduras: La lucha contra la corrupción requiere medidas urgentes».
La desviación de recursos públicos a través de la corrupción y la mala administración implica «una violación de la obligación de lograr progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, ya que reduce los recursos disponibles que un Estado tiene para invertir en servicios básicos», añadió.
COMISIÓN INTERNACIONAL, UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
Por un lado, el documento destaca la urgencia de establecer en Honduras una comisión internacional contra la corrupción, derogar o modificar leyes que «obstaculizan» la lucha contra ese flagelo y reforzar la independencia del poder Judicial.
Honduras y la ONU sellaron en 2022 un memorando de entendimiento para iniciar el proceso de establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), una de las promesas de campaña de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, lo que HRW ve como «una oportunidad única de aprender de experiencias pasadas y avanzar en reformas estructurales».
La promesa de Castro de combatir la corrupción, «en una región donde aquellos en el poder están cada vez más implicados en ella, fue un paso positivo”, sostuvo en un comunicado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Sin embargo, considera que Castro debe «demostrar a la población hondureña que hablaba en serio» sobre la instalación de la Cicih, ente que debe abordar «problemas de fondo» que obstaculizan la lucha contra la corrupción en el país.
En concreto, HRW exhorta a Honduras y a la ONU a completar las negociaciones para establecer una comisión «independiente, autónoma y efectiva», cuyo mandato incluya la investigación y procesamiento de casos de corrupción de alto impacto, y tenga la facultad de proponer reformas legislativas.
En esa línea, también insta a ambas partes a asegurar la independencia de la comisión, estableciendo un mandato más largo que un período presidencial, de 4 años, y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
HRW considera que el marco jurídico de Honduras tiene leyes que «obstaculizan la lucha contra la corrupción y reducen la transparencia y la rendición de cuentas», lo cual «dificulta que se puedan juzgar hechos de corrupción» y puso como ejemplo, un decreto legislativo aprobado en 2021 que debilita la definición penal de lavado de activos.
VINCULOS ENTRE LA CORRUCIÓN Y VIOLACIÓN DE DD.HH.
El informe de HRW enfatiza los «fuertes vínculos entre la corrupción y las violaciones de derechos humanos» tras analizar 14 investigaciones, muchas de ellas realizadas por la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre los casos consultados figura la compra irregular de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía, por 47,5 millones de dólares, para enfrentar la pandemia, y la concesión amañada de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.
«La corrupción documentada por los fiscales vulneraba los derechos a la alimentación, la salud y la educación, así como el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento libre, previo e informado sobre medidas que puedan afectarlos, entre otras consecuencias negativas», subrayó la organización.
La corrupción sistémica afecta «peligrosamente funciones esenciales del Estado, distorsiona la rendición de cuentas y normalmente da lugar a ataques dirigidos contra la independencia judicial y la libertad de expresión», según HRW.
