San Salvador – El Gobierno de El Salvador presentó al Congreso una propuesta de ley que, entre otras cosas, plantea la creación de una agencia administradora de fondos bitcóin, con lo que el Ejecutivo «parece redoblar la apuesta» por dicho criptoactivo en tiempos en que su precio ha registrado caídas.
Con dicha ley también se estaría dando el aval para la emisión de deuda a través de bonos respaldados por bitcóin -conocidos como bonos volcán-, según un análisis del economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), compartido a EFE.
Según un documento distribuido por la Presidencia el pasado 23 de noviembre, el 17 de noviembre la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, recibió la «Ley de Emisión de Activos Digitales», que tiene como objetivo «establecer el marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas realizadas en El Salvador».
Sin embargo, ni el Gobierno ni el Congreso han brindado más detalles sobre la normativa, no se sabe si ya es analizada y discutida en la Comisión de Economía del órgano Legislativo y si será aprobada antes que finalice el 2022.
De acuerdo con la revista Bitcóin (bitcoinmagazine.com), con la ley se está «allanando el camino para la emisión de bonos respaldados por bitcóin».
La adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador, que se convirtió en la principal apuesta económica de Bukele, cumplió un año en septiembre pasado sin que se hayan materializado la mayoría de expectativas generadas y con denuncias de opacidad.
«UN JUGADOR QUE NO SE RETIRA Y APUESTA MÁS»
El economista del Icefi, con especialización en gestión pública y política mediática, señaló que «es importante destacar que un momento en el cual los criptoactivos, particularmente el bitcóin, han tenido una pérdida de valor, hay mucha desconfianza, hay quiebra, hay temas asociados a estafas, etc., desde el Gobierno de El Salvador lo que parece es redoblar la apuesta por la criptomoneda».
«El Gobierno es como esta persona que está apostando y va perdiendo y, lejos de retirarse, retratarse o de cambiar, lo que hace todavía es apostar más», ejemplificó.
Castaneda apuntó que abrir el espacio a «todo un ecosistema bitcóin», «preocupa que todas las ganancias que se obtengan a través del funcionamiento de este mercado estarían exentas del pago de impuestos, lo que básicamente convertiría a El Salvador en una especie de paraíso fiscal».
«Como hemos advertido antes, si alguien no paga los impuestos alguien más lo tiene que hacer y en este caso sería la población de El Salvador», señaló.
ADMINISTRADORA DE FONDOS BITCÓIN
La normativa establece la creación de la Agencia Administradora de Fondos Bitcóin, como «una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía económica, financiera y administrativa para el ejercicio de atribuciones y deberes que estipule la ley y en el resto de la legislación común aplicable».
Dicha Agencia se relacionará con el órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y será la encargada de «la inversión, resguardo e inversión de los fondos provenientes de las ofertas públicas que de activos digitales que realice el Estado de El Salvador y sus instituciones autónomas y los rendimientos provenientes de dichas ofertas públicas».
Para el economista, «pareciera que entidades, como el Ministerio de Economía, más o menos tendrían mayor rol en el manejo de los bitcóin que compra el Estado aunque siempre todo estaría vinculado a decisiones desde la Presidencia, con lo que se seguiría concentrando el poder y no se establecerían mecanismos de transparencia, que ha sido una de las grandes limitantes en todo el manejo y la implementación del bitcóin en el país».
El Gobierno de El Salvador supuestamente ha comprado 2.381 bitcoines por más de 100 millones de dólares, cuyo valor se ha reducido por las caídas que ha tenido la criptomoneda.
EFE preguntó a mediados de noviembre a un portavoz del Gobierno, a través de una aplicación de mensajería instantánea, cuántos bitcoines ha comprado el país y su precio, pero no se obtuvo respuesta.
«Parecería que continuará como un experimento, como hasta ahora, siempre con mucha improvisación y siempre con mucha opacidad (…) surge nuevamente la pregunta: ¿a quién se quiere beneficiar? Claramente la población no sale beneficiada con esto», agregó.
