Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reveló 17 causas que, durante el primer semestre de 2019, llevaron a las personas en situación de riesgo al desplazamiento forzado en Honduras.
En ese sentido, en el primer semestre de 2019, el Conadeh atendió 701 quejas, de las cuales, la Unidad de Desplazamiento Forzado identificó 17 causas por los cuales las personas están en riesgo o en desplazamiento forzado.
Durante este periodo, las amenazas, asesinatos, la extorsión, la tentativa de homicidio y el reclutamiento de forzado de niños y adolescentes (NNA), representan el 92 por ciento de las causas que ponen en situación de riesgo o provocan el desplazamiento forzado de la población.
Otras causas identificadas fueron la violencia sexual, intrafamiliar y doméstica, atentados contra la propiedad, rapto, lesiones, despojo de tierras, secuestros, usurpación de propiedad y la discriminación.
Otro de los hallazgos indica que el 81.4 por ciento de las personas en riesgo de desplazamiento se concentran en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y Atlántida.
Los principales agresores identificados, durante este semestre, que inducen a la población a una situación de desplazamiento o riesgo de hacerlo, en su mayoría son personas desconocidas, además, los vecinos, familiares -ya sea por disputa de herencias y despojo de tierras- y se incluyen a las maras y pandillas, junto a las bandas criminales.
Entre las principales víctimas que suelen estar en condiciones de riesgo o desplazamiento, figuran los comerciantes, amas de casa, docentes, agricultores, abogados, transportistas y estudiantes.
Incumplimiento de compromisos
El titular del Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, afirmó que el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados centroamericanos desde hace más de 32 años, coloca al Estado y la sociedad hondureña con avances insuficientes en la lucha contra la pobreza, la violencia, el crimen organizado y otros males públicos causantes del desplazamiento forzado de personas.
El ombudsman hondureño declaró que entre 2016 y junio de 2019, el Conadeh atendió tres mil siete casos que involucran alrededor de siete mil 400 personas que se encontraban en riesgo de desplazamiento y otras que tuvieron que movilizarse de su residencia habitual para salvaguardar su vida ya sea dentro o fuera del país.
Agregó que en una aproximación centroamericana general, en especial en el denominado Triángulo Norte, se calcula que decenas de miles de personas han debido desplazarse forzadamente de sus hogares o lugares de residencia habitual.
Señaló que el desplazamiento forzado de personas difiere y se opone a las expectativas creadas, desde hace 32 años, con la firma del Acuerdo de Esquipulas II o “Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica”.
La firma del Acuerdo de Esquipulas II, puso formalmente fin a los conflictos armados en el área, mediante compromisos obligatorios contraídos por los Estados para superar las causas y los efectos, entre ellos los desplazados y refugiados, de esos conflictos y la obligación, hacia el futuro, de prevenir y proteger.
“La realidad solo evidencia que esas causas y efectos continúan afectando la salud democrática esperada de la región centroamericana que hoy sería vigorosa de haberse cumplido esos compromisos, por todos los Estados centroamericanos”, precisó.
Cuestionó que ese incumplimiento se revela también en la inobservancia de los tratados o acuerdos obligatorios creados subregionalmente como la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y el Tratado de Integración Social Centroamericana.
Sostuvo que la falta de cumplimiento de buena fe de los compromisos ahí contraídos, y que forman parte del estado democrático de derecho vigente en Centroamérica, coloca también, al Estado y la sociedad de Honduras, en la situación actual de avances insuficientes en la lucha contra el subdesarrollo, la pobreza, la desigualdad social, la violencia, el crimen organizado, la corrupción e impunidad, la intolerancia política y la no discriminación, entre otros males públicos.
Añadió que, en ese contexto, también se ubica la situación actual de la acción estatal contra las causas del desplazamiento forzado interno y la migración forzada.
Herrera Cáceres admitió que, en los últimos seis años, Honduras ha tomado algunas medidas positivas para la protección de las personas amenazadas y afectadas por el desplazamiento forzado.
En 2013, el Estado de Honduras reconoció el desplazamiento forzado interno generado por la violencia y por el accionar de la criminalidad organizada que crea situaciones y condiciones atentatorias contra la dignidad humana y, en especial contra la vida, integridad, salud, libertad y seguridad de las personas.
En 2015, se firmó una Carta de Entendimiento, entre Conadeh y Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en la que se acordó ejecutar un proyecto de monitoreo y prevención del desplazamiento forzado interno en zonas de mayor ocurrencia, con énfasis en los grupos de personas en mayor condición de vulnerabilidad y fortalecer los mecanismos nacionales de prevención y protección.
