Ciudad de Panamá – América Latina y el Caribe tienen que destinar más recursos e incluir a los pueblos indígenas y afrodescencientes en el diseño e implementación de estrategias que permitan el desarrollo del mundo rural en el marco de una «acción climática inteligente», una ventana que se ha abierto con la crisis derivada de la pandemia.
Hay una necesidad de «cambiar el modelo de desarrollo para buscar no solo de una recuperación económica sino además una transformación hacia una forma de vida ecológicamente más sostenible, y aquí los pueblos indígenas y los afrodescendientes juegan un papel esencial», dijo a Efe el Oficial en Políticas para Pueblo Indígenas e Inclusión Social de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mauricio Mireles.
Los indígenas y afrodescendientes representan alrededor del «46 % de la población rural» de América Latina y el Caribe y controlan, usan y tienen acceso de manera ancestral a una basta riqueza biológica en sus territorios colectivos, explicó el funcionario.
Estos pueblos «controlan de manera colectiva entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosque (…) científicamente está confirmado que las tasas de deforestación en esos territorios colectivos son muchos menores, y esto los hace a ellos los mejores guardianes de la naturaleza», aseveró.
Es por esto que la FAO ve «una gran oportunidad para trabajar con ellos» y plantear «soluciones específicas», que permitan «modificar y ampliar las políticas existentes en el mundo rural para que estas tengan mejor pertinencia cultural» y respeten los derechos colectivos territoriales.
Se trata ante todo, resaltó Mireles, de que se reconozcan las riquezas y aportaciones a los objetivos de desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y afrodescendientes, «es decir, no más verlos desde la situación de pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad» que históricamente han sufrido y que se han agravado con la pandemia.
MÁS RECURSOS ECONÓMICOS
La FAO presentó al Parlamento Latinoamericano (Parlatino), por petición de este organismo y con el respaldo de las agencias de cooperación internacional de España (AECID) y de México (AMEXCID), 18 lineamientos que destacan el papel «prioritario» de estos pueblos en el diseño e implementación de estrategias de desarrollo vinculadas al mundo rural y las oportunidades para la acción climática.
«Hemos presentado una primera propuesta, es decir, estamos aún trabajando estos lineamientos, sobre los cuales queremos tener retroalimentación (…) sintetiza lo que ya venimos encontrando en los marcos internacionales que se aplican a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes», dijo Mireles.
Estos lineamientos van desde el derecho al desarrollo de estos pueblos y su participación en la toma de decisiones nacionales y/o regionales, pasando por el acceso al empleo decente y a la protección social ampliada, hasta la actualizaciones legislativas y designación de presupuestos.
«Todo esto solo se puede lograr si, con el apoyo de los parlamentarios, logramos que los países tengan presupuestos específicos, que los ministerios, las secretarías pasen a tener un poco de plata, un programa, un personal capacitado de manera específica para trabajar con los pueblos. Este es un punto elemental para la mejora de la política pública», afirmó Mireles.
Es «importantísimo reforzar las capacidades de los parlamentarios, continuar trabajando como ya lo hacemos desde FAO con el Ejecutivo, con los distintos ministerios, generar plataformas de diálogo y trabajar y construir políticas públicas desde el territorio con las personas en el territorio».
En América Latina y el Caribe, explicó el funcionario de la ONU, «hay la mala costumbre de construir políticas únicamente desde las capitales».
Pero «en la medida que estas políticas pasan a ser construidas de manera participativa, lo que toma más tiempo, más recursos y que en el contexto del covid es desafiante, se generará esa cultura de trabajo consensuado y las soluciones serán más coherentes, pertinentes. Hay que construir desde el territorio», aseveró.
