Activistas estiman que unos 450.000 inmigrantes son elegibles para las licencias y que menos de 100.000 tienen un número de ITIN. EFE/Juan Labreche/Archivo

Nueva York – El turno llegó para los indocumentados que no tienen un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), que a partir de este 1 de junio podrán solicitar su licencia de conducir en Nueva Jersey, luego de que el 1 de mayo entrara en vigor la ley que permite a esa comunidad manejar en el estado.

El 1 de mayo se abrió el proceso para quienes tienen un ITIN con el que pagan sus impuestos, pero muchos enfrentaron obstáculos que les decepcionaron tras una larga espera por ese momento.

Y a partir de hoy pueden hacerlo el resto de los inmigrantes que no cuenten con ese número, pero deben realizar una declaración jurada que les provee el Departamento de Vehículos de Motor del estado, que pueden descargar en su página. La declaración jurada debe ser certificada por un notario.

El gobernador Phil Murphy convirtió en ley el proyecto que otorga el carné de conducir a indocumentados en diciembre de 2019 y entraría en vigor en enero de 2020, pero la crisis de salud creada por la pandemia lo retrasó hasta este año.

Activistas estiman que unos 450.000 inmigrantes son elegibles para las licencias y que menos de 100.000 tienen un número de ITIN.

La nueva ley prohíbe al Departamento de Vehículos de Motor compartir información personal y fotografías con agencias de inmigración, excepto en determinadas circunstancias como una orden firmada por un juez estatal o federal, o una acusación penal o una orden final de expulsión.

La agencia de vehículos de motor recordó hoy a través de un tuit a todos los que soliciten el carné de conducir que deben llevar todos los documentos requeridos a sus citas, y a los que deben proporcionar una declaración jurada les remite a la página donde pueden obtener el documento.

Luego de que el gobernador firmara la ley se dejó en manos de Vehículos de Motor definir los requisitos que fueron rechazados por la comunidad inmigrante y activistas porque obligaban a indocumentados a requerir una carta del Seguro Social.

Tener que acudir a una agencia federal llenó de temor a la comunidad y tras protestas la agencia estatal cambió la directriz y abrió el proceso para cumplir con la ley.