Phoenix (AZ) – Una investigación realizada en el centro de detención de inmigrantes en Eloy, Arizona, concluye que todos este tipo de instalaciones en el país deberían ser cerradas de inmediato, porque «denigran», «criminalizan» y «deshumanizan» a sus reclusos.
El informe «The Carceral State of Arizona: The Human Cost of Being Confined» (El estado carcelario de Arizona: el costo humano del confinamiento) fue realizado por la organización The Advancement Project, enfocada en temas de justicia racial, y presentado este jueves en Washington.
«Arizona tiene el nivel más alto en encarcelamiento de latinos en todo Estados Unidos y esto se manifiesta por el sistema migratorio, la policía está conectada con Migración y trabajan en conjunto para detener migrantes», dijo a Efe Losmin Jiménez, directora y abogada principal del programa Immigrant Justice de Advancement Project.
A juicio de Jiménez, «no se puede ver la detención de inmigrantes y las cárceles como dos cosas separadas, ya que es el mismo sistema que quiere encarcelar a las personas morenas y latinas».
«Tenemos que abolir de raíz estas prácticas y acabar con este sistema», subrayó.
El informe de 50 páginas, al que también contribuyó la organización pro inmigrante Puente, es fruto de una visita realizada en agosto de 2018 por miembros de la oficina nacional de Advancement Project al centro de Eloy, que está dirigido por la corporación privada de prisiones CoreCivic.
Los detenidos les expusieron quejas por el trato que reciben, por la falta de atención médica, los castigos en solitario, la explotación laboral, la mala calidad de la comida y el agua, la falta de higiene y otros aspectos.
La activista mexicana Alejandra Pablos, quien asistió a la presentación del informe y ha estado detenida en Eloy varias ocasiones, habló con Efe sobre las «amplias» diferencias entre el trato que recibió cuando estuvo allí recluida entre el 2011 y 2013 y el que le prodigaron en 2018, cuando estuvo un mes.
«Mi compañera de celda tenía una hernia y sangrado y no la querían atender de emergencia, sino que tenía que esperar al otro día y hacer la llamada a las 5 am. Es terrible la situación de los internos», aseguró.
De acuerdo al reporte, ninguna de las personas con las que los miembros de Advancement Project hablaron tuvo una evaluación de salud mental o psicológica en Eloy y la gran mayoría tampoco había tenido un examen dental o médico.
Los entrevistados también dijeron que los servicios de emergencia eran insuficientes.
«Nos enteramos de una persona que se había desmayado en el patio de recreo y no fue atendida durante 20-30 minutos, derivó en su muerte. Para problemas serios que requieren una visita al hospital, la instalación envía personas al hospital más cercano a Eloy, a 18 millas de distancia», indica el documento.
Pablos dijo que durante su estancia en Eloy presentó un cuadro de acidez estomacal o «agrura», debido a los alimentos «basura» que reciben y el prolongado tiempo de espera entre comidas.
«A veces son alimentos echados a perder y no puedes comer hasta el otro día. Te fuerzan a comprar, pero es pura chatarra, tu salud se deteriora mucho adentro, porque no hay nada recreacional, ni clases, solo trabajas para ellos mismos», detalló.
El reporte indica que fueron testigos y escucharon relatos de cómo se niega a las personas que actualmente están detenidas la higiene básica y la dignidad humana.
«El único acceso al agua es desde el grifo y es cuestionable si ese agua es limpia y segura para beber, particularmente después de escuchar numerosos informes sobre gusanos que salen del agua, o de que el agua que tiene un olor pútrido», señala.
Además, indica el documento, las prendas de ropa interior proporcionadas a las personas que están detenidas están «amarillentas» y manchadas con fluidos corporales.
«Nuestros entrevistados nos dijeron que cada uno recibe solo dos pares (de ropa interior) que están sucias y con frecuencia tienen manchas de fluidos corporales. Un entrevistado dijo que su ropa interior tenía sangre de otra persona».
El informe indica que Eloy cuenta con 402 empleados encargados de administrar unas instalaciones con más de 1.500 internos.
Sin embargo, la mayoría de las funciones, especialmente en el mantenimiento de la instalación, están a cargo de las personas que actualmente están detenidas.
«Fuimos testigos de la variedad de roles que desempeñan los detenidos, Eloy depende de ellos para servicios de limpieza, pintura, cocina, paisajismo, limpieza, imprenta, barberos, ayudantes de biblioteca y muchos otros puestos por un dólar al día».
«El programa de trabajo se describe como ‘voluntario’, aunque es cuestionable cuán ‘voluntario’ es el trabajo cuando la instalación depende en gran medida de las personas que actualmente están detenidas», subraya.
El área de confinamiento solitario de la instalación se denomina «segregación» y dijeron estar «profundamente» preocupados por esta práctica en Eloy, porque, entre los daños que produce, está «una mayor probabilidad de suicidio», detalla el documento.
Jiménez indicó que este informe busca crear conciencia sobre las condiciones en que se encuentran los inmigrantes y exigen el cierre inmediato de los centros de detención en el país.
A su juicio, las personas detenidas están sujetas a condiciones que violan la Quinta Enmienda de la Cláusula de Debido Proceso de la Constitución de los Estados Unidos y son sometidas rutinariamente a tratos crueles y degradantes que constituyen tortura según la Convención de la ONU.
