Denver (EEUU) – Agentes federales del Servicio de Pesca y Vida Salvaje (FWS) de Estados Unidos y alguaciles de Nebraska anunciaron este martes que investigan a dos hondureños acusados de matar en febrero pasado un águila calva, una especie protegida por la ley del país, con la intención de comerse al animal.
Los sospechosos son Ramio Hernández Tziquin y Domingo Zetino Hernández, ambos de 20 años y residentes en Norfolk, unos 180 kilómetros al norte de Lincoln, la capital de Nebraska.
«Creemos que (los dos hondureños) están aquí ilegalmente después de consultar con Inmigración de los Estados Unidos», dijo el alguacil Mike Unger, del condado Stanton.
En declaraciones este lunes a la prensa local, el alguacil Unger se quejó de la falta de cooperación federal para resolver el caso descubierto el pasado 28 de febrero por alguaciles en el Área Recreativa Wood Duck, cerca de Norfolk.
Según el comunicado, ese día alguien alertó sobre la presencia de un «vehículo sospechoso» en el Área Recreativa Wood Duck. Cuando los alguaciles respondieron, se encontraron con dos los hondureños y con el águila dentro del vehículo de los inmigrantes.
«Una investigación adicional reveló que los dos habían disparado y matado al ave nacional protegida en esa área recreativa. Declararon que ellos creían que era un buitre y planeaban cocinar y comerse el ave», dijo Unger en su comunicado, agregando que «también cortaron las patas del ave, con la intención de convertir las garras en adornos».
«¿Acaso no sabían que era un águila calva norteamericana? No tengo forma de saberlo. Son ciudadanos hondureños», expresó el alguacil.
Agentes de la Comisión de Parques y Vida Salvaje de Nebraska incautaron tanto al águila como el rifle a aire comprimido utilizado para matar al ave, así como una pistola de aire comprimido y otros elementos que poseían ambos.
FWS recién analiza la posibilidad de presentar cargos federales contra los hondureños, en el marco de la Ley de Protección de Águilas, aprobada en 1940 y reaprobada en 2007.
Si fueran encontrados culpables, podrían recibir una sentencia de hasta un año en prisión y una multa de hasta 100.000 dólares cada uno.
Si los hondureños respondieran solo a cargos locales o estatales, entonces unicamente podrían ser acusados de posesión ilegal del cuerpo de un ave protegida, un delito menor con una sentencia máxima de un año en prisión (aunque en la mayoría de los casos es de menos de 6 meses) y una multa de entre 500 dólares a 5.000 dólares, dependiendo de los cargos.
Además, si se decide que los hondureños pueden ser acusados a nivel federal, entonces serían nuevamente arrestados, ya que su detención inicial a nivel estatal duró pocos días por tratarse de un delito excarcelable debido a que las leyes de Nebraska prohíben mantener detenido a un acusado antes de su primera audiencia ante un juez. En este caso, esa primera audiencia será en abril.
