Tegucigalpa – A criterio del defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, el poder Judicial se viene enfrentando desde hace tiempo al problema de que no existe separación entre las funciones judiciales como tal y las funciones administrativas.
“Desafortunadamente hay que recordar que pese a que se le hizo una reforma a la Constitución para que se incluyera la creación de un consejo de judicatura y de la carrera judicial, desafortunadamente se creó ese consejo, se nombraron las personas pero se nombraron violentando la propia constitución y la propia Ley”, refirió.
Mejía recordó que la Sala Constitucional anterior declaró la ley que creaba ese consejo como inconstitucional y que quienes fueron miembros consejeros de ese consejo, en vez de cumplir con ese trabajo de garantizar estabilidad laboral “lo que se hizo fue una repartición de cargos y se metió gente de dedo al Poder Judicial”.
En ese sentido, indicó la Corte Suprema de Justicia debe dedicarse exclusivamente a la función judicial, a administrar justicia y el Consejo de la Carrera Judicial debe dedicarse a todo lo que tiene que ver con personal, por tanto, concluyó Mejía “esto no es una nueva crisis, es una manifestación de una crisis permanente que viene arrastrando la institucionalidad pública en el país”.
Mejía también considera que todas las instituciones del Estado están condicionadas por la Constitución de la República y por las leyes y cada una les corresponde sus propios reglamentos.
“La pregunta que debemos hacernos es si estas rotaciones que se han anunciado vulneran o no ese reglamento”, dijo al agregar que no vulneran la Constitución porque ésta no establece cómo deben hacerse las mismas.
Entonces, para Mejía “una cosa es que uno pueda decir éticamente es cuestionable que lo hayan reformado”, y en este caso, apuntó que también es de preguntarse si las reformas que hicieron por unanimidad el año pasado han permitido que estas rotaciones se den de esta manera”, afirmó.
