Tegucigalpa – La Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), pidieron hoy dirimir las responsabilidades correspondientes contra quienes han atentado contra la democracia en Honduras.
Lo anterior en ocasión de la citación realizada por el Ministerio Público al exdiputado Luis Rolando Redondo Guifarro, así como a exdiputados y actuales diputados que formaron parte de la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante el período anterior.
La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación frente a hechos representaron graves afectaciones a la institucionalidad democrática, al principio de legalidad y al equilibrio de poderes del Estado, constituye una necesidad impostergable para fortalecer el Estado de Derecho y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, señalaron ambos organismos en un comunicado.
Toda actuación encaminada a esclarecer posibles actos orientados a suplantar atribuciones exclusivas del Pleno del Congreso Nacional, alterar el orden constitucional o poner en riesgo la estabilidad democrática del país, debe ser investigada con estricto apego a la Constitución de la República, las leyes nacionales y los principios universales del debido proceso, subraya el escrito.
El anuncio de acciones investigativas por parte del Ministerio Publico respecto a actuaciones realizadas por miembros de dicha Comisión genera diversas reacciones en la sociedad hondureña y obliga a las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la institucionalidad democrática a pronunciarnos con firmeza, exigiendo que dicho proceso se desarrolle de manera objetiva, transparente e imparcial, agrega.
La lucha contra la impunidad no puede convertirse en un instrumento de confrontación política, por el contrario debe orientarse a sentar precedentes jurídicos y democráticos claros, que establezcan que ningún funcionario o actor político está por encima de la Ley, y que toda conducta que atente contra el orden democrático, la separación de poderes y la seguridad jurídica del país debe ser investigada, juzgada y sancionada conforme al marco constitucional vigente, destaca.
En esta misma línea, consideramos que todos aquellos exfuncionarios que fueron sometidos a juicio político o señalados públicamente por hechos similares o vinculados a actuaciones que comprometieron principios democráticos fundamentales, entre ellos el ex Fiscal General Johel Zelaya, el ex Consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa, el ex Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Marazan y otros actores involucrados, deben igualmente ser objeto de investigaciones exhaustivas, objetivas e imparciales, en aras de deducir las responsabilidades legales correspondientes, agrega.
La aplicación de la justicia no debe ser selectiva ni responder a coyunturas partidarias. El pueblo hondureño demanda instituciones fuertes, independientes y coherentes, capaces de actuar con la misma firmeza frente a cualquier funcionario o ex funcionario señalado por actuaciones contrarias al orden constitucional y los intereses superiores de la nación, acota el pronunciamiento.
Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de la institucionalidad democrática, advertimos que Honduras atraviesa un momento determinante para el futuro del Estado de Derecho, recalcaron.
La impunidad, la manipulación política de las instituciones y la aplicación desigual de la ley constituyen amenazas directas contra la democracia y profundizan la crisis de confianza ciudadana hacia el sistema de justicia y los poderes del Estado, añade.
Por ello, exigimos al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales actuar con independencia, valentía y absoluto apego al marco constitucional, garantizando que las investigaciones iniciadas no se conviertan en un simple espectáculo político sino en verdaderos procesos orientados a establecer la verdad y sancionar a todos los responsables sin excepción alguna, acentúa el escrito.
La sociedad hondureña ya no tolera pactos de impunidad, privilegios políticos ni justicia parcializada.
«La defensa de la democracia no admite silencios, complicidades ni cobardías institucionales», cierra.
