Miami- Los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos criticaron los argumentos del gobierno del presidente Joe Biden durante la primera audiencia en el caso sobre su política de criterios de deportación, que impone claves diferentes a las dictadas por su antecesor Donald Trump (2017-2021).
El caso concierne una demanda por parte de Texas y Luisiana a las políticas de deportación de Biden, emitidas en febrero de 2021, que instruyen a la agencia del gobierno encargada de aplicar las leyes migratorias a dar prioridad a la hora de arrestar y deportar a los inmigrantes que sean considerados como una amenaza para la seguridad nacional, quienes hayan cruzado recientemente la frontera de manera irregular o los que hayan cometido ciertos crímenes graves.
Los estados demandantes aseguran que la nueva directriz es ilegal ya que, por ley, el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene el deber de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes o tengan órdenes finales de deportación.
Los abogados del gobierno Biden subrayaron uno de los argumentos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al presentar el cambio en las directrices: “No se trata de reducir la aplicación de leyes de migración, sino de priorizar los recursos limitados” del gobierno, dijo la abogada Elizabeth Prelogar ante los jueces del Supremo.
John Roberts, uno de los seis jueces que forma la mayoría conservadora de la mayor instancia judicial del país, mostró su oposición a ese argumento: “Nuestro trabajo es decir qué dice la ley, no si puede ser implementada o no o cuales son las dificultades para hacerlo”.
El juez Brett Kavanaugh, por su parte, criticó directamente las directrices: “El Congreso ya estableció su propia lista de prioridades y ha dicho que cierto tipo de migrantes deben ser detenidos, y este memorando dice a los oficiales de ICE que no hagan eso”.
Además de las consecuencias para la ley migratoria, en este caso también está en juego la cuestión sobre cuánto poder tienen los estados para bloquear las directrices gubernamentales por medio de un proceso judicial.
Uno de los argumentos que los estados han presentado en su oposición a las directrices de Biden es que el hecho de que solo se detenga o se deporte a cierto tipo de migrantes indocumentados lleva a los gobiernos estatales a incurrir en más gastos.
La jueza Elena Kegan, nombrada por el expresidente Barack Obama, expresó su preocupación sobre este argumento: “Vamos a estar en una situación ahora en la que cada gobierno se va a enfrentar a demandas por parte de los estados que pueden llevar una política a un punto muerto sólo con mostrar que han incurrido en costos”.
Varias medidas implementadas por el gobierno Biden han sido llevadas ante la Justicia por estados con gobiernos republicanos en el último año, siendo la más reciente la política de cancelación de la deuda estudiantil.
En febrero de 2021, el DHS anunció las directrices que instruían a ICE a priorizar a ciertos migrantes para el arresto y la detención, argumentando que el gobierno no tiene los suficientes recursos para detener a los más de 11 millones de personas indocumentadas que hay en el país.
En junio pasado un juez federal en Texas falló en contra de las normas establecidas por el Ejecutivo demócrata, lo que empujó al Gobierno a solicitar la intervención de emergencia al Supremo. El Tribunal desestimó la petición y, en cambio, decidió celebrar una audiencia oral con las partes implicadas.
