Decenas de personas protestan contra las políticas de inmigración afuera de la sede del Centro de Detención del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) del Condado de Contra Costa West, en Richmond, California (EE.UU.). EFE/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Los Ángeles – Un juez federal dio este lunes más tiempo para que el Gobierno federal presente una apelación a su decisión de declarar nulas las nuevas prioridades de deportación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La semana pasada el magistrado Drew Tipton, del Tribunal del Distrito Sur de Texas, echó abajo las nuevas y suavizadas prioridades establecidas por la Casa Blanca el pasado 18 de febrero y que fueron demandadas por dos estados conservadores, Louisiana y Texas.

Las nuevas prioridades estipuladas por el gobierno del presidente, Joe Biden, enfocaban los esfuerzos policiales en quienes cometan crímenes, cesando de hecho las políticas de redadas masivas y la detención de inmigrantes indocumentados en sus lugares de trabajo.

La orden de Tipton dio al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un plazo hasta el 3 de septiembre para que la agencia informe qué hará sin las tales prioridades.

El magistrado federal sostuvo que las prioridades del gobierno de Biden violan los mandatos del Congreso, y que Louisiana y Texas probablemente verán validado su argumento de que esa política viola la Ley de Procedimientos Administrativos.

Pero este lunes Tipton, que fue designado por el expresidente Donald Trump, ha acordado detener la puesta en práctica de la orden, dándole a la Casa Blanca una semana para que presente una apelación.

El gobierno Biden está enfrentando una serie de batallas en las cortes contra su política migratoria. El mismo juez Tipton bloqueó, por tiempo indefinido y a nivel nacional, una moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden a la llegada a la Casa Blanca.

La semana pasada el juez federal Matthew Kacsmaryk, también en Texas y designado por Trump, ordenó al gobierno de Biden que restaure la política conocida como «Permanece en México», que el presidente había cancelado el día mismo de su investidura.