Los Ángeles – Una juez en Los Ángeles negó una solicitud de emergencia para bloquear la asignación de 75 millones de dólares de fondos del estado de California para ayudar a inmigrantes indocumentados afectados por el COVID-19, reportaron este miércoles medios locales.
La demanda, presentada el miércoles pasado por los contribuyentes Robin Crest y Howard A. Myers, buscaba un bloqueo de los fondos por 75 millones autorizados por el gobernador Gavin Newsom para ayudar a los trabajadores indocumentados afectados por la pandemia, alegando que la ayuda es “un gasto ilegal del dinero de los contribuyentes”.
Tras escuchar a las dos partes, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Samantha Jessner, negó este martes la solicitud de los demandantes, reportó el sitio web MyNewsLA.
Newsom anunció el pasado 15 de abril un fondo de 75 millones de dólares para ayudar a trabajadores indocumentados afectados por la pandemia y que por su estatus legal no tienen derecho a desempleo a pesar de que se les descuenta la contribución de su salario.
Los recursos económicos en disputa ayudarán a unos 150.000 indocumentados en el estado, que recibirán 500 dólares en efectivo por persona o 1.000 si son una familia.
La acción legal también pedía una orden judicial permanente que impida que el dinero de los contribuyentes se ponga a disposición de los «extranjeros ilegalmente presentes».
Los demandantes además alegaban que los fondos para ayudar a los indocumentados sumarían casi 80 millones de dólares, cuando se agregan los 4,8 millones en costos administrativos para el programa.
«Los demandados tienen la intención de gastar dentro de días 79,8 millones de los fondos de los contribuyentes en una actividad ilegal», según los documentos judiciales de los demandantes.
«Sin una orden de restricción, esos fondos se gastarán y no hay forma de recuperarlos después de que se distribuyan”, subraya la querella legal.
Hace dos semanas, dos hispanos de filiación conservadora presentaron una demanda similar contra Newsom para bloquear dichos fondos.
La concejal de la ciudad de Whittier, Jessica Martínez, y el salvadoreño Ricardo Benítez presentaron su demanda argumentando que la ley de California y la ley federal prohíben la extensión de los beneficios de desempleo a los indocumentados.
Ambos demandantes son candidatos republicanos para la Asamblea estatal y la acción legal les valió una oleada de críticas de la comunidad hispana.
