Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La novedosa figura del juicio político que se ha estrenado en Honduras ha desatado un pandemónium en la clase política entre quienes estiman que deben castigarse los excesos y abusos que se cometen en contra y en nombre de la democracia y los que abogan por “bajar el ritmo”, y arreglar, al estilo de las componendas pasadas, los problemas de la democracia.
– Libre tras la figura del asilo político, una estrategia que usaron en el pasado y a la que hoy recurren en el contexto de una realidad distinta a la de 2009.
Aprobado para evitar que se repitan episodios pasados, ligados a las crisis político-institucionales que han sacudido el país, el juicio político se estrenó para llevar al banquillo a los actores que jugaron a socavar la democracia durante el reciente proceso electoral de 2025, cuando las elecciones y la democracia estuvieron en crisis e incertidumbre permanente.
La herramienta legal había estado intentando ser aplicada en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, pero no logró en el hemiciclo obtener los 86 votos de mayoría calificada que establece la normativa. Se hicieron 11 intentos, pero no hubo quórum a lo interno de la Cámara Legislativa.
Hoy, bajo un nuevo gobierno en donde el control de la Cámara Legislativa recae en el bipartidismo que conforman los partidos Nacional, en el poder, y Liberal, en la oposición, la historia del juicio político es otra: ha comenzado a ser aplicado en figuras claves como el fiscal general del Ministerio Público y las autoridades de los entes electorales en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La aplicación de esta figura—bajo la presión ciudadana—se produjo en medio de destacadas audiencias y sesiones en el pleno del Congreso Nacional que permitió a la ciudadanía y la opinión pública conocer detalles del pasado proceso electoral que fue polarizante y lleno alta incertidumbre hasta el momento de la declaratoria final de las elecciones, misma que intentó ser interrumpida por el entonces oficialismo a través de sus adalides electorales y de la justicia.
Esos detalles llevaron a la destitución del fiscal general, Johel Zelaya, del consejero del CNE, Marlon Ochoa, del magistrado propietario del TJE, Mario Morazán, junto a dos magistrados suplentes: Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Arrastró también consigo a la consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, quien renunció al cargo antes de ser sometida al juicio político.
Libre tras la figura del asilo político
Y también a anunciar el inicio de una nueva estrategia de Libertad y Refundación (Libre), con la salida del país del hasta ahora consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien huyó por una aduana terrestre que lo llevó a El Salvador y luego a un país desconocido donde solicita asilo político alegando que es objeto de una persecución política por parte del bipartidismo porque “lo quieren matar”.
Ochoa mata así su relato inicial de indicar que no temía a un juicio político, que su testimonio haría temblar a las estructuras del país, pero cuando éste tocó sus puertas optó por huir para evitar una rendición de cuentas. Y dentro de ese nuevo relato que busca instalar junto a la coordinación de Libre intenta recrear el pasado de 2009, cuando muchas figuras de ese partido salieron del país tras ser depuesto del poder el expresidente Manuel Zelaya. Busca situar nuevamente la figura del asilo político y la persecución política cuando se les pide rendir cuentas.
Durante las comparecencias de Johel Zelaya y Mario Morazán, se conoció su versión de los hechos que rodearon el proceso electoral, la justificación de la judicialización de las elecciones y de las ausencias de pleno bajo el argumento que ellos también “defendían” la democracia. Salieron a luz las fijaciones en contra de actores relevantes de la política, actuales y pasados, mientras los testimonios de las personas citadas por los integrantes de la Comisión Especial de Juicio Político destaparon hechos desconocidos por la ciudadanía y los medios de comunicación.
Esos hechos relatan acciones no solo de boicot al proceso, de acoso e intimidación al personal técnico y no técnico de los entes electorales, la sustracción de memorias con diseño de papeletas, las luchas por garantizar un blindaje del TREP, las amenazas de cárcel, la persecución fiscal día y noche hacia actores técnicos claves, entre otras revelaciones que evidenciaron el colapso de una institucionalidad electoral que amerita ser fortalecida y reestructurada para que esos actos no se repitan.
Fueron unas elecciones accidentadas y llenas de incertidumbre, en medio de una estrategia que buscaba impedir la instalación de un nuevo gobierno si las urnas no favorecían al oficialismo que representaba en ese momento el izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre).
La estrategia de la “silla vacía”
Estrategia que abarcó incluso a los observadores internacionales, al conocerse en los testimonios, como el oficialismo situó al par de las instalaciones hoteleras donde se encontraba el CNE, pisos copados de “observadores internacionales” que no habían sido acreditados por órgano rector electoral, pero se colaban en las misiones de observación prestos para declarar un ganador en caso de que las elecciones fueran cerradas entre el oficialismo y alguno de los presidenciables en la contienda.
Se estuvo frente a una conspiración política marcada por la estrategia de “la silla vacía” según expuso en el hemiciclo el secretario de la comisión especial, el diputado Alberto Cruz, luego de explicar lo que calificó un cronograma de dos fases dentro de esa estrategia.
“Los altos funcionarios sabían que una silla vacía rompe el quórum; sabían que rompiendo el quórum rompen la continuidad del ente electoral y paralizan un calendario en el CNE y la administración de justicia en el TJE”, manifestó.
Y fue así como se desarrolló en dos etapas: la etapa antes del 30 de noviembre con la clara intención de evitar las elecciones; luego en la segunda fase, después del 30 de noviembre el propósito era evitar la declaratoria de los resultados, destacó Cruz.
Bajo este esquema, la silla vacía de Marlon Ochoa bloqueó el cronograma del CNE desde mayo de 2025, mientras que el TJE quedó inmovilizado desde octubre del mismo año. recordó
“Una vez que esta silla vacía ya no servía como estrategia, pasaron a la persecución penal, el acoso y el hostigamiento”, agregó, tras destacar la entrada en escena del Ministerio Público y del entonces fiscal general, Johel Zelaya.
Piden “bajar” el tono
“La conclusión de esta comisión es que los altos funcionarios denunciados incurrieron en responsabilidad política por incumplimiento de sus deberes constitucionales. El proceso electoral 2025 no puede ser una anécdota; hay que sentar precedentes”, concluyó,
En tal sentido, algunos analistas locales son del criterio que los relatos que caracterizaron el juicio político ameritan un registro de memoria histórica o de una comisión de la verdad para que los hechos no vuelvan a repetirse y que los actores que socaven la democracia no se queden en la impunidad por negociaciones bajo la mesa como ha sido la tradición en Honduras.
La figura del juicio político mostró el poder que encierra: la destitución de un alto funcionario que atente contra los intereses del país, y es precisamente esa fuerza que encierra la que ha empezado a preocupar a un sector de la elite política que empieza a cuestionar la aplicación o no de la misma.
Los argumentos que ofrecen van desde una reglamentación de la ley, el riesgo de que el país sea expuesto ante la Corte Interamericana de Justicia, que las comisiones no estaban preparadas para preguntar, qué se debe garantizar el debido proceso, que no puede ser utilizado como feria, que no debe verse como una persecución política, entre otros. Los políticos, en especial los parlamentarios, comienzan a verse preocupados.
Los legisladores liberales Yuri Sabas e Iroshka Elvir han sido los primeros en indicar que el juicio político debe tener “matices”, que debe aplicarse de forma responsable y con criterios estrictos que eviten un uso político indebido de la figura. A esas voces se suman algunos profesionales del derecho, en especial los afines a Libertad y Refundación, mientras otros sostienen que la figura del juicio político representa un mecanismo de control democrático contra los excesos del poder, y debe ser blindada para no quedar como una herramienta que por su mal uso y aplicación caiga rápidamente en desuso.
Otros son del criterio que la figura del juicio político se aplicó por la presión ciudadana para que se haga justicia en el país por los delitos cometidos contra el Estado de Derecho, y que su realización se concretó pese a las dudas que mostraban en principio algunos congresistas.
Sostienen que los informes arrojados en los juicios políticos aplicados contra Johel Zelaya, Marlon Ochoa, Mario Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, es una aproximación a la grave crisis institucional del país y su deterioro democrático que expone a una clase política que no ha estado a la altura de las demandas democráticas y de inclusión que clama la nación.
El juicio político—más allá de sus falencias—ha mostrado la fuerza que encierra y ello ha empezado a generar nerviosismo en un sector de la clase política donde los riesgos democráticos requieren respuestas más coordinadas y estratégicas.
