Miami – Familias de inmigrantes claman a una jueza de EE.UU. hacer cumplir los protocolos contra la COVID-19 en tres centros migratorios del sur de Florida como parte del juicio previsto para 2021 contra estas instalaciones y angustiadas por la reciente muerte del mexicano Onoval Pérez Montufa en una de ellas.
El inmigrante, de 51 años, es el tercer fallecido debido al nuevo coronavirus bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos y el primero en Florida, que se perfila como epicentro del virus en el país.
«La pandemia mata» es el mensaje que la cubana Annette Villa quisiera dirigirle a la jueza Marcia Cooke, que programó para enero de 2021 el juicio contra ICE por su manejo de la pandemia en las instalaciones para inmigrantes de Krome, Glades y Broward, en el sureste de Florida.
Villa explicó a Efe que teme por la vida de su esposo Nanses Peñalver debido a que padece de asma y es hipertenso.
El cubano hace parte de la demanda colectiva presidida por la jueza Cooke, que en un fallo inicial determinó que «hay suficiente evidencia» para concluir que las condiciones en los tres centros de detención demandados constituyen «una violación de los detenidos».
La muerte de Montufa, ocurrida el domingo pasado en el centro de Glades, tiene preocupados a los familiares de indocumentados del sureste de Florida, que han denunciado innumerables traslados de sus parientes en plena pandemia, ausencia de medidas sanitarias de protección e incluso maltrato a algunos de ellos.
La jueza Cooke también ha criticado durante el proceso que ICE no ha cumplido «satisfactoriamente» los protocolos sanitarios contra la pandemia, que en Florida mantiene su foco de infección en el sureste, donde se concentra la gran mayoría de los más de 300.000 casos confirmados y de los 4.521 fallecimientos.
Villa se quejó que desde marzo pasado su esposo ha sido trasladado ocho veces sin las precauciones entre centros de Luisiana y Florida y recordó que antes de la pandemia sufrió un ataque de asma en uno de más de una decena de centros de detención en los que ha estado desde su ingreso a EE.UU. por la frontera con México en mayo de 2019.
«Es un atropello contra esos seres humanos que vienen a buscar la libertad, no hay humanidad», se lamentó.
«Que salgan con grilletes, que les permitan conservar la vida», pidió la cubana, al solicitar que los dejen salir de los centros de detención con un monitor electrónico.
Para María Bilbao, activista del grupo migratorio United We Dream, se trata de una «bomba de tiempo» ante la cual «la Justicia tiene que actuar más rápidamente».
«Bajo la realidad de la COVID-19, las condiciones en los centros de detención son más peligrosas que nunca para los que están detenidos», subrayó Bilbao.
INMIGRANTES SIN DERECHOS
«Es muy triste ver que a los inmigrantes le violan todos los derechos», indicó por su parte la colombiana Verónica Ruiz, que tiene a su hijo de 26 años detenido en Glades.
Denunció que no se están siguiendo las pautas de distanciamiento en esta institución y que de un día para otro llegan de 25 a 50 detenidos más de otros centros en los que se han detectado contagios, según le cuenta su hijo, que dio positivo de la COVID-19 en mayo pasado.
Entre tanto la cubana Norlys Grillo aseguró a Efe que además del incumplimiento de los protocolos sanitarios propios de la COVID-19, su sobrino presenció maltrato y abuso a cubanos que no entendían inglés por parte del personal del centro de detención.
Señaló que se dirigían a uno de ellos en inglés como «la vaca que tiene el ojo negro (golpeado)», y los que sí entendían el idioma se sentían mal, pero no decían nada para evitar represalias.
Grillo logró sacar a su sobrino de 27 años de un centro de detención de Florida esta semana gracias a una fianza de 20.000 dólares, pero señaló que de todos modos el cubano está en un «limbo» migratorio.
Recordó que muchos de los cubanos tienen orden de deportación, pero debido a la COVID-19 la isla no los está recibiendo por ahora.
DEMANDA COLECTIVA EN VEREMOS
Estas familias tenían puestas las esperanzas en una decisión de la jueza Cooke, que ordenó en abril pasado reducir en un 75 % el número de detenidos en los tres centros de Florida y que instó a ICE a considerar que en su gran mayoría son «detenidos civiles, no presos criminales condenados».
Sin embargo, ICE optó por trasladarlos en vez de liberarlos. A esa estrategia se sumó la frustración del juicio, que fue programado para enero del próximo año.
El proceso legal, apoyado por varios grupos de derechos civiles, entre ellos el Southern Poverty Law Center (SPLC), fue presentado inicialmente por 58 inmigrantes y después se amplió a demanda colectiva en busca de la liberación «inmediata» de los detenidos en los tres centros.
«Este es un tema que no puede esperar, están dilatando mucho la demanda, es un virus bien agresivo», manifestó Grillo, quien es asistente de cirugía.
«Cuando ocurra (el juicio), muchos de ellos habrán sido deportados o muchos de ellos ya serán cadáveres», se lamentó la cubana.
Hasta el lunes pasado había 1.072 detenidos en los tres centros, según ICE.
Esta agencia federal no detalló la causa de la muerte de Pérez Montufa, pero las autoridades mexicanas en EE.UU. confirmaron el fallecimiento del mexicano debido a la COVID-19.
Bajo la custodia de ICE han fallecido debido a la pandemia el salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años, en California, y el guatemalteco Santiago Baten Oxlaj, de 34, en Georgia.
