San Francisco (EE.UU.)– Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó el recurso presentado por el Gobierno que preside Donald Trump contra una orden de una corte inferior que le obliga a garantizar condiciones de limpieza y seguridad para los menores migrantes que se encuentren detenidos.
Tres magistrados del Noveno Circuito de Apelaciones de EE.UU., con sede en San Francisco (California), desestimaron el recurso del Gobierno y quedó así ratificada la decisión del tribunal inferior, emitida en 2017.
En esa ocasión, un tribunal de Los Ángeles (California) halló que los servicios fronterizos y de inmigración no estaban garantizando las condiciones de seguridad e higiene personal fijadas en un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y dos organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes alcanzado en 1997.
Ese acuerdo establece, entre otras cosas, que los migrantes menores de edad que permanezcan detenidos en instalaciones gubernamentales mientras se decide su situación tienen derecho a que estas sean «seguras y limpias» y a ser tratados «con dignidad, respeto y especial atención a sus vulnerabilidades particulares como menores».
Sin embargo, el fallo del juez angelino determinó que el Gobierno no estaba cumpliendo esos compromisos y que los menores detenidos no tenían, por ejemplo, acceso a jabón y toallas, no estaban comiendo y bebiendo lo suficiente, no podían ducharse o cepillarse los dientes y se les privaba de horas de descanso al no proporcionárseles las condiciones adecuadas para conciliar el sueño.
Esta primera disputa judicial fue presentada contra la Administración estadounidense que en ese momento dirigía el demócrata Barack Obama (2009 – 2017), pero se emitió en junio de 2017, cuando el nuevo presidente, el republicano Donald Trump, ya había accedido a la Casa Blanca.
El Ejecutivo de Trump decidió entonces presentar un recurso ante el fallo del juez de Los Ángeles, alegando que muchas de las cosas que se le requerían no eran necesarias para cumplir con el acuerdo con las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes del 97, el conocido como Acuerdo Flores.
«Son tiempos muy tristes cuando uno tiene que litigar cosas tan básicas para niños que están buscando protección en nuestro país», dijo a Efe Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California en Davis y que forma parte del equipo que defiende el Acuerdo Flores.
El pasado mayo, las autoridades de EE.UU. informaron de la muerte de una niña migrante salvadoreña de 10 años mientras se encontraba en un centro de detención, lo que supuso el sexto caso de un menor de edad que fallece bajo custodia del Gobierno en los últimos meses.
En los últimos tiempos ha aumentado el flujo de inmigrantes, en su mayoría familias y menores no acompañados procedentes de Centroamérica, que llegan a la frontera de Estados Unidos con México.
