La CIDH visitará Bolivia para vigilar el respeto a los derechos humanos

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El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Washington – El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, viajará a finales de noviembre a Bolivia para evaluar la situación de derechos humanos en el país, sacudido por fuertes protestas desde hace semanas.

En una carta, publicada en Twitter, la CIDH especificó que la «visita de trabajo» se realizará entre el 22 y 25 de noviembre y estará liderada por Abrão junto a un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En una reunión de la OEA celebrada el pasado 12 de noviembre, la misión de Bolivia, integrada por diplomáticos nombrados por el ya expresidente Evo Morales, pidió a la Comisión que acudiera al país.

Según datos de la CIDH, 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.

Posteriormente, el 10 de noviembre, un informe de los expertos electorales de la OEA advirtió de irregularidades «muy graves» en las elecciones. Entre ellas, una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.

En ese contexto, el 11 de noviembre, Evo Morales abandonó Bolivia después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.

La renuncia de Morales ha sido calificada d «golpe de estado» por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.

Otros países han reconocido el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

La CIDH se ha mostrado muy crítica con un decreto del Gobierno provisional liderado por Áñez que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad» y bajo criterios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».

A juicio de la comisión, ese decreto «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta».

El Gobierno de Áñez ha respondido diciendo que no supone una «licencia para matar» y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

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