Tegucigalpa – La institucionalidad de Honduras está «carcomida» por la corrupción, un flagelo que ya hizo «metástasis», por lo que su combate es cada vez más difícil y convierte al país en un destino poco atractivo para la inversión, según dijeron a Efe analistas en Tegucigalpa.
Para el analista Raúl Pineda, «no se trata de fortalecer una institucionalidad carcomida por la corrupción», sino que «hay que reinventar y construir una nueva institucionalidad».
El modelo democrático de Honduras está «colapsado» debido a la corrupción, una lacra que hizo «metástasis» en el país, donde la peor forma de corrupción es la ligada al crimen organizado, señaló.
Pineda también cree que todos los gobiernos tienen que «convivir con la criminalidad» y que, cuando el crimen se hace dueño de la mayor parte de la administración del Estado, «el problema se vuelve mucho más complicado».
El combate a la corrupción, un flagelo que el país arrastra desde el siglo XIX, se ve cada vez más lejos luego de que el Parlamento hondureño aprobó en octubre reformas al Código Penal que limitan su investigación, principalmente en el sector público.
La opinión generalizada en el país es que con la salida en 2020 de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA), la corruptela se profundizó más.
La Maccih puso fin a sus tareas en Honduras en enero de 2020 luego de que el Gobierno, a través del Parlamento, decidió no ratificar el acuerdo firmado en 2016 por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general del ente hemisférico, Luis Almagro.
La no continuación de la Maccih es señalada como un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, que el año pasado tuvo un retroceso en la posición del ránking mundial de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
Honduras bajó de 26 a 24 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción, su puntuación más baja en ocho años, y se ubicó en la posición 157 de un total de 180 países analizados por Transparencia Internacional.
CAMINO AL DESPEÑADERO
Pineda coincide con otros analistas en que, en el último cuatrienio, Honduras, el cuarto país del mundo con mayor percepción de la corrupción y el segundo en Centroamérica, ha estado infestada de actos de corruptela.
Honduras va camino al «despeñadero» por la falta de independencia de los poderes del Estado y una «convicción absoluta» de no reducir la corrupción, indicó Pineda, abogado y exdiputado.
La lucha contra la lacra de la corrupción se debe mejorar y ser frontal para que el país pueda atraer inversión, la que en los últimos años ha disminuido.
En opinión de Pineda, la inversión extranjera y nacional no se producirá a gran escala mientras el Gobierno no garantice la seguridad jurídica y combata la corrupción, que cada año desangra las arcas públicas, por lo que se requiere una misión internacional de alto nivel que ayude a los hondureños a enfrentar ese flagelo.
El analista Saúl Bueso dijo que Honduras enfrenta un «problema serio» por la corrupción, pues las instituciones del Estado y la empresa privada han perdido credibilidad y la población la confianza en ellas, lo que ha disminuido la inversión.
«La inversión social se ha disminuido debido a la corrupción y porque hay escepticismo en la sociedad, que ya no cree en nadie», señaló Bueso.
El último escándalo más sonado de corrupción en Honduras es la compra de siete hospitales, en Turquía, entre marzo y abril de 2020, para hacer frente a la pandemia de covid-19, que hasta ahora, según fuentes oficiales, ha dejado 10.398 muertes y 377.589 contagios.
Según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras fuentes, en la compra de los hospitales móviles a la empresa Elmed Medical Systems, por un coste de 47,5 millones de dólares, hubo corrupción.
Por la compra irregular están presos desde abril pasado Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), respectivamente, por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos de fraude en perjuicio de la administración pública.
El nuevo gobierno que asuma el 27 de enero de 2022 tendrá el reto de poner fin a los negocios turbios de funcionarios públicos que en alianza con algunos empresarios y el crimen organizado han vendido saqueando, no de ahora, a un país donde también campea la impunidad, según los analistas.
