San José – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este viernes que el próximo 28 de enero se iniciará el año judicial interamericano con una ceremonia que contará con la participación del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.
La Corte, con sede en San José, realizará un acto oficial de apertura con la presencia de Alvarado, la primera dama, Claudia Dobles; el canciller Manuel Ventura; la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Rosario Silva de Lapuerta, entre otras altas autoridades del país y personal diplomático.
La ceremonia comenzará con la prestación del juramento solemne del uruguayo Ricardo Pérez Manrique, electo como juez de la Corte Interamericana por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el pasado 5 de junio de 2018.
El presidente del Tribunal, el juez mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor dará un discurso de apertura, y el mandatario costarricense también dirigirá unas palabras.
El acto cerrará con la intervención de la vicepresidenta Lapuerta, quien impartirá una conferencia magistral titulada «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la protección de los derechos humanos: Principales logros y desafíos actuales».
El mismo 28 de enero la Corte llevará a cabo la audiencia pública del caso Álvarez Ramos contra Venezuela, que se relaciona con la presunta violación del derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos y la libertad de circulación de Tulio Álvarez Ramos, por un proceso penal en su contra debido a la alegada comisión del delito de difamación agravada.
El 30 de enero los jueces verán el caso Perrone y Preckel contra Argentina, sobre la alegada violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en los procesos administrativos y judiciales iniciados por Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel.
Ambos solicitaron el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir en la entidad estatal en la que laboraban, como consecuencia de su supuesta privación arbitraria de libertad durante la dictadura militar en 1976 por parte de agentes estatales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el lapso de más de doce años de duración de los procesos administrativos y judiciales sobrepasaría un plazo que pudiese considerarse razonable.
El 31 de enero el Tribunal internacional estudiará el caso Díaz Loreto y otros contra Venezuela por la alegada responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto y su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, ocurridas el 6 de enero de 2003 presuntamente por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua.
Ante dos versiones de los hechos radicalmente diferentes, y pasados más de 14 años sin que exista un esclarecimiento judicial definitivo al respecto, la Comisión determinó que el Estado no habría cumplido con la carga de ofrecer una explicación satisfactoria sobre el uso letal de la fuerza.
Entre otros casos la CorteIDH verá los casos de Jenkins contra Argentina el 1 de febrero, Rosadio Villavicencio contra Perú el 6 de febrero, el caso Arrom Suhurt contra Paraguay el 7 de febrero y finalizará la jornada de audiencias publicas con el caso de las Niñas Yean y Bosico y Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas contra República Dominicana el 8 de febrero.
