Madrid – La grave crisis migratoria que afecta a España, sobre todo en las Islas Canarias, vuelve a tensar la política española con acusaciones y críticas cruzadas por cómo afrontarla entre el Gobierno de izquierdas y la oposición conservadora.
El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, terminó este jueves en Senegal una gira, que también incluyó Mauritania y Gambia, para profundizar en la colaboración contra los movimientos irregulares de personas, en medio de una fuerte presión migratoria desde el continente africano.
Sánchez defendió su política, que pasa, según dijo, por fomentar la migración ordenada porque eso «vacuna» contra las mafias y contra quienes usan la migración de carácter irregular para extender el odio y la xenofobia.
La polémica estalló el miércoles nada más comenzar la gira de Sánchez cuando el líder opositor conservador, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), le acusó en la red X de «alentar un efecto llamada» de la inmigración irregular.
Sánchez había hablado de la inmigración en Mauritania, primer país que visitaba, como beneficiosa para la economía española, lo que despertó la críticas de la derecha.
En una entrevista radiofónica, el portavoz parlamentario del PP Miguel Tellado incidió en ese «efecto llamada», frente a los planes de deportaciones anunciados por otros países europeos.
Retornar a los que entran irregularmente
Tras estar en Gambia, Sánchez reiteró en Senegal los efectos beneficiosos de la inmigración regular, pero advirtió de que es «imprescindible» el retorno a sus países de quienes llegan a España irregularmente.
«Principalmente -argumentó- porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello».
El PP acusó a Sánchez de un bandazo, pero fuentes del Gobierno español rechazaron este jueves un cambio de discurso sobre inmigración y atribuyeron a los conservadores del PP una actitud que roza la xenofobia y la extrema derecha.
Las fuentes insistieron en defender la migración circular, que consiste en la contratación en origen de trabajadores que van a España a desempeñar actividades estacionales y, a su término, regresan a su país.
La asociación española Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) precisó por su parte que las deportaciones masivas son una «vulneración flagrante de la legalidad internacional», y solo puede procederse a expulsiones individuales basadas en la ley.
Y Sumar, partido de izquierdas que gobierna con los socialistas, pidió por su parte la regularización de trabajadores extranjeros en situación irregular.
Las Canarias, sobrepasadas
Unas 125.000 personas entraron de manera irregular por mar en las Canarias en los últimos cuatro años y medio procedentes del continente africano, según datos oficiales.
Solo en 2023 fueron cerca de 40.000 en las Canarias (y 17.000 llegaron a otras partes de España). Y más de 23.000 desde enero pasado, sin que cese la llegada de barcazas abarrotadas de migrantes, que se juegan la vida para llegar a Europa desde las costas atlánticas de África huyendo de la miseria, las guerras y otros conflictos.
Este mismo jueves arribaron otras 580 personas en varias embarcaciones precarias a la isla de El Hierro, la más pequeña y occidental de las Canarias.
La llegada masiva ha generado una crisis asistencial en las islas, donde 5.200 niños y adolescentes que llegaron sin familiares desbordan los centros de acogida, como también pasa en la ciudad norteafricana española de Ceuta, adonde últimamente tratan de entrar a nado decenas de jóvenes procedentes de Marruecos.
