Washington – Las deportaciones estadounidenses durante la pandemia global pueden propagar el riesgo de contagio con el virus que causa COVID-19 y «ponen al planeta en riesgo», además de enviar a los migrantes y a quienes buscan asilo de retorno a condiciones de peligro e inestabilidad, indicó este miércoles el Grupo de Trabajo de América Latina.
«Nuestra organización denuncia enérgicamente la veda total de asilos impuesta por el Gobierno del Presidente Donald Trump en la frontera con México y la continuación de las deportaciones durante la pandemia global», indicó en una declaración la organización, conocida por su sigla en inglés LAWG.
Desde hace más de un año el Gobierno de Trump instauró un programa denominado Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), por el cual envía a México a las personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y solicitan asilo. Estos migrantes deben esperar en el país vecino el trámite de sus solicitudes.
Asimismo, el Gobierno mantiene su ritmo de deportaciones de inmigrantes indocumentados, enviándolos a México o a sus países de origen en América Central.
«Pedimos al Gobierno de Trump que rescinda de inmediato su política de cierre de fronteras a las personas que buscan asilo, una cesación de las deportaciones, y la liberación de los inmigrantes actualmente recluidos en centros de detención», señaló el Grupo.
«Estados Unidos tiene actualmente la cifra más alta de casos de COVID-19 en el mundo y pone al planeta en riesgo con la deportación de migrantes durante esta pandemia. Mientras en todo el mundo hay restricciones a los viajes, y ciudades y estados aplican medidas para que la gente se quede en su casa, es inhumano y peligroso que continúe la deportación de individuos, familias y menores de edad desde Estados Unidos», añadió la declaración.
Tres de cada cuatro personas en Estados Unidos señalan que se han aislado completamente (28 %) o casi totalmente (47 %) de otras personas ajenas a sus hogares, y la proporción de gente que se ha impuesto ese aislamiento ha crecido rápidamente entre el 16 y 26 de marzo, según un informe de Gallup.
Mientras tanto, el Gobierno tiene unas 30.000 personas recluidas en centros de detención a la espera de sus audiencias de migración o de que se cumplan las órdenes de deportación. Las autoridades han dado cuenta de casos de COVID-19 tanto entre los migrantes detenidos como entre el personal de los centros de detención.
Según LAWG, «a muchos deportados se les niega el acceso a un trámite apropiado de sus pedidos de asilo, y permanecen detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad antes de la deportación sin que sean observados de manera adecuada por síntomas de COVID-19 antes de su retorno».
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha informado que los migrantes que van a ser deportados son examinados antes del viaje para detectar si su temperatura ha subido a más de 40 grados Celsius (104 Fahrenheit), o si muestran otros indicios de COVID-19. En caso de resultados positivos, estas personas son referidas a servicios médicos, según el ICE.
Por su parte, LAWG sostuvo que «han habido informes de migrantes deportados, incluyendo menores de edad no acompañados, que mostraron síntomas que corresponden a COVID-19, a su arribo en América Central, y hay al menos tres casos confirmados de migrantes guatemaltecos que tuvieron resultado positivo en el examen por COVID-19».
Esto último, añadió, «abre la posibilidad de que ellos hayan infectado a otros llevados en el mismo vuelo de deportación».
«Nos preocupa profundamente el esfuerzo del Gobierno por utilizar una crisis de salud pública global para abdicar la responsabilidad de Estados Unidos bajo leyes nacionales e internacionales rechazando a individuos que buscan protección en nuestra frontera», señaló LAWG.
