Bangkok.- Birmania trató de defenderse esta semana en La Haya de la acusación de estar cometiendo un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, en el estado occidental de Arakan, con una serie de alegaciones que se ven desmentidas por las realidades sobre el terreno.
Gambia acusa a Birmania ante la Corte Penal de Justicia (CIJ), de violar la Convención contra el Genocidio desde las operaciones militares llevadas a cabo en 2016 y 2017 por el Ejército birmano contra un grupo insurgente rohinyá, en las que miles de civiles fueron asesinados y más de 800.000 rohinyás huyeron a Bangladés.
La líder de facto y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, acudió en persona a La Haya para encabezar un equipo de defensa que solicitó a la CPI desestimara completamente el caso en esta primera fase del juicio, en la que Gambia solicitó medidas provisionales que aseguren que Birmania no viola la Convención.
Birmania se defendió alegando que las operaciones militares estaban justificadas para combatir la insurgencia rohinyá y se realizaron sin intención genocida, elemento clave de la Convención que es extremadamente difícil de demostrar en un tribunal, lo que podría suponer el mayor escollo para el equipo legal de Gambia a largo plazo.
ARGUMENTOS DUDOSOS
Pero la defensa de Aung San Suu Kyi también se basó en algunos argumentos más dudosos, entre ellos que el Gobierno birmano está trabajando para que vuelvan los refugiados en Bangladés y en mejorar las condiciones de los en torno a 400.000 rohinyás que permanecen en Arakan.
«¿Cómo se puede estar produciendo un genocidio o existir intención genocida cuando se están tomando esas medidas concretas en Rakáin (como se conoce también Arakan)?», preguntó Suu Kyi al tribunal.
Los rohingyás han sufrido durante décadas una feroz persecución por parte del Gobierno birmano, que los considera inmigrantes ilegales de Bangladés, despojó de ciudadanía a la inmensa mayoría de ellos a principios de los noventa y a lo largo de los años ha perpetrado todo tipo de violaciones de los derechos humanos contra ellos, incluida la restricción de movimientos.
Desde una oleada de violencia sectaria en 2012 entre los rohinyás y los rakáin, etnia predominantemente budista y mayoritaria en el Estado, el Gobierno impuso una estricta segregación entre ambas comunidades que, en la práctica, significa que más de 120.000 rohinyás permanecen confinados en campos y el resto no pueden desplazarse de sus pueblos.
El mismo día en el que Suu Kyi presentaba su defensa en La Haya, 93 rohinyás, entre ellos 23 niños, comparecían ante un tribunal de la localidad birmana de Pathein, en la región de Irrawaddy, tras haber sido detenidos el 28 de noviembre y acusados de viajar sin los documentos de identidad que el Gobierno se niega a dar a los miembros de la minoría, por lo que podrían ser condenados a dos años de cárcel.
UNA REPATRIACIÓN FALLIDA
En lo que respecta a los refugiados al otro lado de la frontera, Birmania y Bangladés han firmado un acuerdo de repatriación, pero el Gobierno birmano ya anunció el año pasado que los que regresen han de permanecer primero un mes en «campos de procesamiento» y someterse a un proceso de escrutinio.
Ese proceso de escrutinio implicaría que sólo 150 refugiados podrían regresar diariamente, por lo que los refugiados tardarían en regresar a Birmania al menos 15 años.
Por el momento, apenas unas docenas de refugiados han aceptado volver a su país de origen ya que exigen una serie de condiciones que el Gobierno birmano no ha dado señales de cumplir: que se les devuelva la ciudadanía, se les restituyan sus propiedades y comparezcan ante la justicia quienes perpetraron crímenes contra ellos.
FALTA DE JUSTICIA
Otro de los argumentos de Suu Kyi en La Haya fue que la justicia militar birmana ya está investigando posibles crímenes perpetrados durante las operaciones militares en Arakan y castigando a los soldados responsables de ellos, lo que haría la justicia internacional redundante.
Sin embargo, hasta el momento sólo se ha completado un juicio, en el que siete soldados fueron condenados en abril del año pasado a diez años de trabajos forzosos por matar a 10 civiles rohinyás, pero solo cumplieron 7 meses de condena, ya que fueron amnistiados por el propio Ejército.
La matanza había sido descubierta por dos periodistas de la agencia Reuters, que fueron detenidos en diciembre de 2017 cuando la investigaban y después fueron condenados a siete años de cárcel por violar la Ley de Secretos Oficiales.
Los periodistas, a los que la policía tendió una trampa para apresarles, fueron liberados en una amnistía presidencial el pasado 7 de mayo, tras haber pasado 18 meses encarcelados, once más que los soldados que perpetraron la matanza que estaban investigando.
El pasado 25 de noviembre, comenzó el segundo juicio castrense por acciones cometidas durante las operaciones militares, en este caso una matanza de posiblemente centenares de personas en otro pueblo, pero investigadores de la ONU, a los que no se permitió el acceso a Birmania, han documentado otras atrocidades que el Gobierno birmano se niega a reconocer.
