Tegucigalpa – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó hoy a Honduras a tomar medidas para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos con «plenas garantías», y señaló que ese país tiene una de las cifras más altas de asesinatos de activistas.
«Nos preocupa de manera especial el clima de vulnerabilidad en el que las defensoras y defensores de derechos humanos realizan su labor», subrayó la FIDH en un comunicado leído por uno de sus miembros, Reynaldo Villalba Vargas.
Enfatizó que Honduras tiene una de las «cifras más altas del mundo» de asesinatos de defensores de derechos humanos, principalmente de ambientalistas.
Por ello, la FIDH instó al Estado hondureño a «tomar las medidas necesarias y eficaces para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos con plenas garantías», añade el comunicado.
El vicepresidente de la FIDH, Juan Francisco Soto, habló este viernes ante la prensa en Tegucigalpa y dijo a Acan-Efe que le preocupa «el clima de ataque» en el que viven los que defienden los derechos de los demás.
Aseguró que el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, es un «ejemplo de la violencia» que afecta a los ambientalistas y defensores de derechos humanos en Honduras.
Soto dijo que espera que el Estado hondureño «asuma su responsabilidad de protección» de los activistas que luchan por los derechos y libertades en este país.
Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
Berta Cáceres se enfrentó a la empresa Desarrollo Energéticos (DESA) por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
El juicio a ochos acusados por el asesinato de Cáceres continúa este viernes en el tribunal de sentencia de Tegucigalpa, sin la participación legal de la familia de la líder de la comunidad indígena lenca.
La defensa que lleva el caso de la ambientalista no participa en el juicio después de que el tribunal determinó que había abandonado el proceso y dejó al Ministerio Público como representante de las víctimas.
Los abogados de la familia de Cáceres presentaron el 19 de octubre una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, por lo que no se presentaron ese mismo día a la audiencia convocada para iniciar el juicio, que finalmente comenzó un día después.
