Washington – La institucionalidad democrática y la independencia judicial son los dos grandes desafíos de América Latina en materia de derecho humanos, según el informe anual de 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado este jueves.
“En varios países de la región se observaron injerencias indebidas dirigidas a debilitar la independencia del Poder Judicial, de órganos electorales y de institucionales nacionales de derechos humanos”, indica este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.
La CIDH señala graves hechos de corrupción amenazas, nombramientos irregulares, acusaciones infundadas para minar procesos electorales y retados innecesarios entre algunas de las acciones que ha detectado que minan las instituciones.
“El debilitamiento de la independencia judicial, en particular, tiene graves impactos en la situación de derechos humanos. En primer lugar, se debilita el control judicial efectivo de la constitucionalidad”, añade el documento, mientras recuerda que en algunos países de la región se “fomenta la impunidad” y la ciudadanía pierde confianza en las instituciones públicas y en la propia democracia.
El informe subraya, además, cómo en algunos países se ha restringido y hasta criminalizado la protesta social, al tiempo que se ha perseguido a opositores, religiosos, periodistas o defensores de los derechos humanos.
“En 2023, la Comisión observó la persistencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en un contexto de quebrantamiento del principio de separación de poderes” en Nicaragua, uno de los países que junto a Cuba, Venezuela y Guatemala examina más al detalle por el deterioro que representaron en 2023.
Con relación a Venezuela, la CIDH lamenta que pese a sus llamados y de otros organismos internacionales, el Gobierno venezolano “no adoptó medidas idóneas y efectivas para restablecer el orden democrático y la separación e independencia de los poderes públicos”.
En 2023, durante los constantes intentos del gobierno guatemalteco de Alejandro Giammattei de evitar la toma de posesión presidencia del opositor Bernardo Arévalo, la CIDH constató un “deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho” agudos” por el ejercicio “abusivo del poder por parte del Ministerio Público que socava y contraría el Estado de Derecho”.
Eso llevó a que este año se incluyera Guatemala en este capítulo de países que representan un retroceso en derechos humanos.
La CIDH reiteró que en Cuba el modelo de estado crea problemas “estructurales” para la defensa de los derechos humanos y marcó las “restricciones arbitrarias al derecho de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento – particularmente en el contexto de las diversas protestas sociales ocurridas en el país desde julio de 2021” como uno de los grandes retrocesos.
