Washington – Organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes criticaron que la Ley Laken Riley, aprobada el martes por la Cámara Baja del nuevo Congreso de EE.UU., facilitará el plan de deportaciones masivas del presidente electo, Donald Trump, y eliminará el debido proceso para acusados de delitos no violentos.
La iniciativa, si es aprobada este viernes por el Senado, fortalecerá la posición de Trump, quien asume el poder el próximo 20 de enero, para desencadenar deportaciones masivas y permitirá la discriminación racial a la hora de castigar delitos no violentos, subrayó este miércoles la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El proyecto ordena a las autoridades migratorias la detención de inmigrantes indocumentados acusados de cometer robos y otros delitos no violentos para su deportación.
La Coalición de Inmigración de Nueva York subrayó que la ley elimina el debido proceso para estas personas y permitiría la deportación de inmigrantes indocumentados «acusados de delitos no violentos» que no han sido declarados culpables, incluido el hurto en tiendas.
Los inmigrantes que se vean envueltos en esta ley, «sin siquiera haber sido condenados por un delito, podrían ser separados permanentemente de sus familias antes de tener la oportunidad de defenderse en un tribunal de justicia», se lamentó Murad Awawdeh, presidente de la coalición.
ACLU expresó en un comunicado que la ley plantea «una grave amenaza a las libertades civiles y viola principios constitucionales fundamentales».
«Obligará a las autoridades de inmigración a detener a las personas acusadas de delitos de robo no violento, como el hurto en tiendas, independientemente de que las fuerzas del orden los consideren o no una amenaza», dijo Sarah Mehta, directiva de ACLU.
«Daría lugar a un aumento significativo de la discriminación racial», agregó.
ACLU detalló que la ley ampliaría la detención obligatoria, lo que podría llevar a miles de personas a cárceles y centros de detención, incluso cuando un juez de inmigración o un agente de inmigración no crea que representen una amenaza para la comunidad o un riesgo de fuga.
Este primer proyecto de ley sobre inmigración del nuevo Congreso, de mayoría republicana, lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024, un crimen por el que fue hallado culpable el venezolano José Ibarra.
Para Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream Action, la ley busca «explotar la tragedia de Laken Riley como justificación para su criminalización de las comunidades inmigrantes».
La ley tuvo 264 votos a favor -48 de ellos de demócratas- y 159 en contra.
Macedo consideró decepcionante que algunos demócratas en la Cámara Baja hayan votado a favor en vez de «defender lo que la gran mayoría de los estadounidenses realmente quieren: un sistema de inmigración humano, justo y eficiente».
La ley además faculta a los fiscales generales estatales, que consideren que su estado o sus residentes han sido perjudicados por las políticas de inmigración, a demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).