La masacre de seis jesuitas cumple 30 años a la sombra de la impunidad en El Salvador

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Registro de una de las estaciones del museo donde se exhiben objetos personales de los seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas asesinados por el Ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). EFE/Roberto Escobar

San Salvador – Es un crimen de lesa humanidad, lo ha dicho la Corte Suprema de El Salvador (CJS) en al menos tres ocasiones, pero después de 30 años el sistema judicial sigue manteniendo bajo la sombra de la impunidad la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres cometida el 16 de noviembre de 1989.

En abril de 2018, una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual, sin que hasta la fecha se hayan dado avances.

Las víctimas de esa masacre, cometida en el marco de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, así como Elba Ramos y su hija adolescente Celina.

1989, UN AÑO CRUCIAL EN LA GUERRA SALVADOREÑA

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Cuatro eventos hicieron de 1989 un año crucial en el curso que tomó esa guerra: la llegada de Alfredo Cristiani al Ejecutivo, un atentado contra líderes sindicales, la ofensiva guerrillera del 11 de noviembre y la masacre de los jesuitas.

El padre español José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), relató a Efe que Ellacuría fue uno de los principales impulsores del diálogo para alcanzar la paz desde 1981.

«Ellacuría se había vuelto más entusiasta (en 1989). Veía que Estados Unidos estaba más abierto y que Cristiani pertenecía a un sector de la empresa privada partidario de terminar con la guerra y de terminar por la vía dialogada», señaló.

No obstante, el atentado con bombas del 31 de octubre contra un local de una opositora federación de sindicalistas, que dejó 10 muertos y 27 heridos, crispó los ánimos en el país.

El 11 de noviembre, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzó su mayor ofensiva contra la capital.

«Con el tema de Fenastras, el FMLN decidió promover una especie de insurrección con esta ofensiva», apuntó Tojeira.

La respuesta militar fue «sumamente violenta».

LA «ESTUPIDEZ» DEL EJÉRCITO Y EL CRIMEN QUE ACELERÓ LA PAZ

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, la cúpula militar del Ejército salvadoreño se reunió la noche del 15 de noviembre para «adoptar nuevas medidas» contra la ofensiva, entre ellas la «eliminación» de personas supuestamente vinculadas con el FMLN.

Es misma noche, el director de la Escuela Militar, el coronel Guillermo Benavides, transmitió a sus subalternos del Batallón Atlacatl la orden de asesinar a los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA).

Para Tojeira, esta decisión fue «una estupidez del Ejército» y de la que «no calcularon las consecuencias» por el «miedo» a perder la guerra.

«Tomaron una decisión, aparte de criminal, irracional de eliminar a todos los opositores», señaló el religioso, que en la época de la masacre era provincial de la Compañía de Jesús.

El desprestigio en el que se sumió la Fuerza Armada salvadoreña a nivel internacional dejó a sus dirigentes «sin fuerza para seguir con su postura de ganar militarmente la guerra».

«Yo creo que el asesinato de los jesuitas y la coyuntura internacional (caída del Muro de Berlín) ayudó a que la paz se acelerara», sostuvo Tojeira.

En 1990, el FMLN y el Ejército sellaban un primer acuerdo para respetar los derechos humanos y en 1992 se firmó la paz.

LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

En 1991, una corte penal condenó a Benavides y al teniente Yusshy Mendoza a 30 años de prisión, pero una ley de amnistía de 1993 permitió que salieran libres y dejó sepultada por 25 años la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró en diciembre de 1999 que el juicio fue «simulado» y que la política de «encubrimiento resultó totalmente efectiva» en beneficio del alto mando.

El Idhuca intentó en el año 2000 reabrir el proceso para investigar y enjuiciar a los jefes castrenses, pero la justicia dictó un «sobreseimiento definitivo».

Solo la anulación de la ley de amnistía por un fallo de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016 obligó a diferentes tribunales a reabrir las causas pendientes, incluida la de los jesuitas.

Esta fue la primera vez que la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad por el Supremo.

Fue hasta abril de 2018 que un juzgado de Paz ordenó la reapertura de la causa penal al declarar la nulidad del sobreseimiento.

Los señalados, cuya inclusión en el proceso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), son el expresidente Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien enfrenta un juicio en España.

El abogado de la UCA Manuel Escalante señaló a Efe que la reapertura significó un «borrón y cuenta nueva», dado que el estado del proceso vuelve a la etapa de elaboración de una acusación fiscal.

«Lo que esperaríamos es que la Fiscalía haga sus valoraciones técnicas para delimitar quiénes son los responsables de haber dado la orden», acotó.

Escalante explicó que el proceso se encuentra actualmente en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, dado que los defensores de los militares presentaron un recurso de casación luego de que una corte de apelaciones ratificara en marzo pasado la reapertura.

LA AMENAZA DE UNA NUEVA AMNISTÍA

Una comisión de la Asamblea Legislativa busca llevar a votación una ley que sustituya la amnistía de 1993 por orden de los jueces constitucionales.

Sin embargo, diferentes organizaciones sociales han advertido que los diputados buscan emitir una «amnistía de facto» que deje en impunidad los procesos por crímenes de guerra o de lesa humanidad.

«Si acá se continúa entorpeciendo la justicia universal y se continúa la política de obstaculizar la justicia al interior de El Salvador, España estaría habilitado para hacer una tercera solicitud de extradición», subrayó.

El Salvador negó la extradición de los vinculados en el año 2009 y en el 2017.

El único encarcelado por la masacre es Benavides, a quien la Corte Suprema le ha negado el beneficio del indulto y de conmutación de la pena, y en ambos fallos catalogó la masacre como un crimen de lesa humanidad.

ELBA y CELINA RAMOS, UN ROSAL EN SU NOMBRE

El esposo de Elba y padre de Celina, Obdulio Ramos, fue el primero en localizar los cuerpos de sus familiares y de los jesuitas la mañana del 16 de noviembre de 1989.

Corrió a la casa en la que se hospedaba Tojeira para anunciarle el crimen.

«Han matado a los padres, a mi mujer y a mi hija», le dijo al religioso.

Con el tiempo, Obdulio, que trabajaba como jardinero en la UCA, sembró ocho rosales en el jardín en el que fueron encontrados los cuerpos de los padres: seis rojos en honor de los religiosos y dos blancos por su esposa e hija.

Elba era la cocinera de una comunidad de estudiantes y había llegado con su hija hasta la casa de los jesuitas para refugiarse de los combates entre guerrilleros y soldados.

Un día, Tojeira encontró a un joven llorando cerca del referido jardín y trató de animarlo al decirle que buscarían justicia por los padres.

«No lloro por ellos, lloro por Elba y Celina», le dijo el muchacho.

Obdulio falleció en 1994 por tétanos. El jardín que sembró sigue siendo un punto de peregrinación para quienes recuerdan a los jesuitas y a las dos mujeres.

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