Santiago de Chile – Un grupo de expertos de Naciones Unidas instó al Gobierno de Chile a suspender de inmediato las deportaciones de extranjeros que se iniciaron como parte de un plan para desincentivar la migración irregular y que busca expulsar del país a más de un millar de personas este año.
«El Gobierno de Chile ha de detener de inmediato estas expulsiones colectivas de inmigrantes ya que estos tienen derecho a una evaluación individual de sus casos», señaló este miércoles la organización desde Ginebra y difundió este jueves en sus redes la oficina de ONU de Derechos Humanos en América del Sur.
El Ejecutivo anunció hace un mes el inicio de un proceso con el que pretende expulsar a unos 1.500 extranjeros durante 2021 en 15 vuelos distintos, amparándose en la nueva Ley de Migración que se promulgó hace un mes que facilita las deportaciones.
El primer vuelo partió el 25 de abril con destino a Caracas para devolver a un grupo de 55 personas en situación de irregularidad migratoria. Previo a su expulsión, «muchas de las personas habrían permanecido detenidas, en situación de incomunicación y sin acceso a asistencia legal», alertaron desde la institución.
«Las deportaciones no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual teniendo en cuenta las consideraciones humanitarias de arraigo», destacó el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes Felipe González Morales.
El experto, de nacionalidad chilena, agregó que es indispensable que se garantice a los migrantes disponer de «acceso efectivo a la justicia» para presentar sus reclamos contra una orden de deportación, y que se les permita permanecer en el país «mientras se resuelva el fundamento de estos reclamos».
Bajo el lema de «ordenar la casa», el Gobierno del conservador Sebastián Piñera promulgó este abril una nueva Ley de Migración que exige a los extranjeros obtener visas en los países de origen con el fin de evitar que ingresen al país como turistas y cambien su estatus migratorio para buscar trabajo.
Mientras que para el oficialismo la nueva norma es una vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, la oposición y las organizaciones promigrantes han criticado ampliamente la ley y estiman que el endurecimiento de las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
La promulgación de la norma se produjo en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte, entre Chile y Bolivia, donde durante febrero y marzo se registró la entrada de más de un millar de inmigrantes de manera irregular que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
Naciones Unidades denunció que desde entonces «Chile ha expulsado a cientos de migrantes sin previamente realizar una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona» y sin poder solicitar protección de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.
El desabastecimiento, los enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes y la crisis sanitaria de la covid-19 crearon un clima de máxima tensión en la región, que empeoró con el fallecimiento de al menos cinco extranjeros.
El Gobierno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los «coyotes» que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
Pese a la pandemia y la crisis social que se extendió durante más de un año, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
