Madrid – La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reprocha que no existan «respuestas institucionales especializadas» para la búsqueda e identificación de los migrantes desaparecidos y advierte de las múltiples limitaciones estructurales con las que se encuentran sus familias en el proceso de búsqueda.
Este organismo de Naciones Unidas publicó este miércoles el informe «Familias de migrantes desaparecidos: su búsqueda de respuestas y los impactos de la pérdida: Lecciones en cuatro países», un estudio piloto realizado entre abril de 2019 y marzo de 2021 con las experiencias de 76 familias de migrantes desaparecidas en España, Etiopía, Reino Unido y Zimbabue.
Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM documentó la muerte y desaparición de más de 42.000 personas en trayectos migratorios por todo el mundo, unos datos que arrojan una estimación de al menos 85.000 muertes y desapariciones desde 1996.
En el caso de España, entre 2014 y 2020 se contabilizó el fallecimiento de 3.602 personas: 2.216 en la ruta del Mediterráneo occidental y 1.386 en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, que se cobró 785 vidas en lo que va de año.
La organización precisa que sus datos deben tomarse como «cifras mínimas» porque existen «naufragios invisibles» en los que no tiene forma de documentar qué ocurrió a los ocupantes de esas embarcaciones.
Además de la falta de respuestas institucionales concretas, la OIM constató que los mecanismos oficiales para buscar personas desaparecidas que tienen estos países «no están adaptados para abordar la dinámica de los viajes migratorios irregulares».
«Las familias no son víctimas pasivas: mientras tengan que vivir todos los días sin conocer el destino de sus hijos, hermanos, parejas, padres o amigos, buscan información de cualquier forma que puedan. Sin embargo, sin apoyo estructural de las autoridades y otros actores tienen pocas opciones para realizar una búsqueda efectiva», incide la investigación.
Entre las barreras con las que se topan para obtener respuestas, el informe subraya condicionantes como el género, la edad, la raza o la situación socioeconómica y migratoria, además de hacer hincapié en que la criminalización de la inmigración irregular dificulta que las familias denuncien.
Ante la falta de respuesta de los estados, la gran mayoría de las familias se apoyan en «redes informales» -que incluyen a otros migrantes, activistas, asociaciones e incluso los «facilitadores» de los trayectos de sus parientes-, que, pese al «gran apoyo emocional» que suponen, tiene sus limitaciones.
Pero no sólo se enfrentan a «brechas estructurales e institucionales», también están marcadas por impactos psicosociales: la mayoría de las familias entrevistadas sufrieron «una angustia psicológica constante, incluidos traumas y depresión», y algunas fueron estigmatizados en sus comunidades.
Las mujeres, además -remarca el informe-, sufren el estigma de la desaparición de sus maridos, cuya ausencia se achaca a «problemas causados por la esposa».
Para ayudar en la búsqueda de los migrantes desaparecidos, la OIM recomienda «situar a las familias en el centro de todas las iniciativas» y tener en cuenta su experiencia, además de instar a los estados a elaborar una «hoja de ruta» y establecer mecanismos de coordinación transnacional.
Apuesta también por «mecanismos especializados» que permitan a las familias (y los defensores que actúan en su nombre) presentar un informe sobre las desapariciones, por financiar a los que ayuden en las búsquedas y por «brindar capacitación» a las autoridades pertinentes.
«Además del imperativo moral, los Estados tienen obligaciones y compromisos internacionales con las familias de los migrantes desaparecidos», asevera Naciones Unidas.
