Miami – Un grupo de la comunidad de inmigrantes hondureños en EE.UU. manifestó este jueves su preocupación por el deterioro del estado de derecho y la institucionalidad de su país y pidió a políticos, empresarios y la sociedad civil «medidas concretas» para frenarlo porque las consecuencias pueden ser «catastróficas».
En un comunicado divulgado en coincidencia con el pedido de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) por parte de las autoridades estadounidenses, que lo reclaman por narcotráfico, la Fundación 15 de Septiembre opinó que «el poder absoluto corrompe, es por esta razón que la institucionalidad en Honduras se ha perdido».
El expresidente Hernández, que contó con el apoyo de EE.UU. en su primer mandato, escuchó el miércoles ante un juez designado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras los cargos por narcotráfico que le imputa Estados Unidos y quedó en «detención provisional».
El presidente de la fundación, Juan Flores, advirtió de las posibles «repercusiones socio-económicas negativas» por la falta de confianza internacional en las instituciones hondureñas, que, a su juicio, pueden ser «catastróficas» en aspectos como las inversiones.
Entre las posibles consecuencias está un aumento de la pobreza y otras causas que generan las «caravanas de migrantes» hacia Estados Unidos, de acuerdo con esta institución de la comunidad hondureña con sede en el sur de Florida.
Otra es que los hondureños que viven en el extranjero (más del 20 % del total de la población y en EE.UU. casi dos millones) tendrán que aumentar su contribución para sostener a la economía del país, ya que «lamentablemente Honduras continuará enfrentando momentos difíciles».
«Tendremos que redoblar nuestros esfuerzos enviando más remesas», subraya el comunicado, que cifra en más de 7.370 millones de dólares el dinero enviado a Honduras en 2021.
Se trata del 24 % del PIB, según cifras del Banco Central de Honduras, agrega.
SALIR DEL «ESTADO FALLIDO»
Ante esta situación, la fundación hizo un «llamado enérgico» a la clase política, empresarial y la sociedad civil «para que en beneficio de Honduras puedan reflexionar y tomar acciones concretas para recuperar el estado fallido en el que está sumergido nuestro país».
«Les incitamos a tomar medidas inmediatas y firmes teniendo siempre como propósito fundamental el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el cumplimiento estricto de las leyes y normativas para construir un sistema de meritocracia que permita contar con servidores públicos con altas credenciales profesionales, de integridad moral y ética», agrega.
La fundación, que hace unos días ofreció su colaboración a la nueva presidenta, Xiomara Castro, advirtió: «Los migrantes no somos una moneda de cambio para los gobiernos, ni debemos ser instrumentalizados como consigna o bandera para los partidos políticos en tiempos de campaña».
«En la actualidad, la diáspora está en el olvido, en espera de la protección requerida en el exterior por parte del Estado», agrega.
Por último, subraya que los hondureños en EE.UU. están a la espera de una nueva designación del Estatus de Protección Temporal (TPS), por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Para el próximo 7 de marzo convocó una marcha en Washington con el fin de defender la tesis de que «los efectos negativos de los desastres naturales» que azotaron a Honduras en noviembre de 2020 hacen que el país «califique claramente para este beneficio migratorio».
