Madrid/Budapest, 11 jun (EFE).- Medios digitales de diversos países europeos han publicado informaciones en las que se acusa a las autoridades comunitarias de entregar tarjetas de crédito a personas migrantes, especialmente refugiadas de Siria, por una cantidad aparentemente desorbitada, como afirma el Gobierno húngaro.
La noticia, que se ha replicado en un formato casi idéntico en varias plataformas en Suecia, Francia, República Checa o España, contiene afirmaciones como que la Unión Europea (UE) ha entregado tarjetas prepago por un valor de 1.550 millones de euros a 2 millones de migrantes en situación irregular.
AFIRMACIÓN: "Lo que sabemos ahora es que más de 2 millones (de refugiados y migrantes) la recibieron (la tarjeta), y que han gastado euros por un valor de más de 500.000 millones de forintos (1.557 millones de euros)".
Así lo aseguró György Bakondi, principal asesor de Seguridad Nacional del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una entrevista en el canal de la televisión pública M1 el pasado 26 de abril.
Pero antes incluso de que las declaraciones del representante húngaro se viralizaran, el bulo ya se había expandido por toda Europa, incorporando elementos como que no era necesaria documentación para usar estas tarjetas, que su expedición era ilegal, se podían usar en toda la UE o que el millonario de origen húngaro George Soros aportaba el capital.
En España, la información ha sido publicada por digitales como Diario Patriota o Caso Aislado y se ha difundido en las últimas semanas en grupos de simpatizantes de Vox en Twitter, junto a una fotografía de una tarjeta Mastercard, real, con el mapa de la UE y el logo de ACNUR.
DATOS: No es cierto que la UE haya gastado 1.550 millones de euros en tarjetas de crédito para refugiados: la Comisión Europea (CE) ha abonado ayudas por un importe cercano a los 122 millones a través tarjetas prepago, que solo se han concedido a solicitantes de asilo en territorio griego, según el Ejecutivo comunitario.
La CE puso en marcha en 2016 un sistema de tarjetas de prepago para regular el uso de la asistencia a solicitantes de asilo que llegaban a Europa a través de Grecia, aclara el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en una respuesta parlamentaria del 12 de febrero.
La iniciativa se enmarca en el programa ESTIA, financiado por el Ejecutivo comunitario, y que la CE desarrolla junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros socios humanitarios para dar ayudas en metálico a personas desplazadas por la guerra civil siria a Turquía, Jordania, Líbano y Grecia, confirman a Efe fuentes de ACNUR en España.
En Grecia, el programa es coordinado por el Ministerio de Políticas Migratorias y gestionado por ACNUR, en colaboración con la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Servicio de Auxilio Católico, precisa Avramopoulos en una respuesta a preguntas de grupos que recogían las informaciones falsas que han circulado por Europa en los últimos meses.
El dinero que reciben los demandantes de asilo está destinado a cubrir necesidades básicas de comida y transporte y varía en función del tamaño de la unidad familiar, en línea con las políticas asistenciales griegas.
Los beneficiarios pueden utilizar las tarjetas durante un periodo de seis meses y "solo en Grecia", puntualiza el comisario.
De hecho, Grecia es "el único país de la UE" donde la asistencia a estas personas se realiza mediante tarjetas, que se recargan con una cantidad fija de dinero mensual.
"Son categóricamente falsas las informaciones que afirman que las tarjetas prepago emitidas en Grecia por ACNUR a los solicitantes de asilo y refugiados son mal empleadas en otros países", subraya a EFE el portavoz de la organización de la ONU en Grecia Boris Cheshirkov.
Según datos de la CE, entre 2016 y 2018, 90.000 personas se beneficiaron del programa de asistencia en Grecia, que recibieron en torno a 122 millones de euros, muy lejos de los 1.550 millones indicados por el dirigente húngaro.
ACNUR asumió el programa de asistencia con tarjetas prepago en Grecia en abril 2017, y desde entonces ha gestionado ayudas de la UE por valor de 113,1 millones de euros para 114.260 personas.
Con anterioridad a esa fecha, "varias organizaciones estaban ofreciendo ayudas en metálico -también a través de tarjetas prepago- a pequeña escala", precisa Cheshirkov. Ahora, en Grecia solo funciona un único modelo de tarjeta, con el logo de la UE y ACNUR.
El consejero de Orbán también consideraba "ilegal" que estas tarjetas se proporcionaran sin nombre y de forma anónima, sin necesidad de acreditar la identidad, pero el comisario aclara al respecto que "las tarjetas incluyen un número que se refiere a la identidad del beneficiario participante en el programa".
ACNUR añade que, aunque las tarjetas son emitidas por una entidad financiera, este servicio de prepago "no es un producto bancario ni de crédito" y, además, se realiza "en cumplimiento de todo el marco regulatorio relevante".
"Las tarjetas emitidas para los beneficiarios están asociadas con una única cuenta de la que solo es propietaria ACNUR y solo ACNUR puede autorizar la transferencia de fondos a las tarjetas utilizadas", apostilla el portavoz.
Respecto a si Soros ha invertido en esta iniciativa, la CE y ACNUR remarcan que el Ejecutivo comunitario financia "íntegramente" este programa.
(Efe publica este artículo en colaboración con el proyecto periodístico CrossCheck, impulsado por la organización sin ánimo de lucro First Draft).
Bruselas – Los países de la Unión Europea acordaron este lunes apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con unas 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.
El Consejo (países de la UE) precisó en un comunicado que esa ayuda tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración «empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026», cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio.
“El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, lamentó el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el Consejo en el que se tomó la decisión, que opinó que se deben «identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma».
Las cifras sobre reubicaciones, ayuda financiera u otras medidas alternativas acordados hoy son una referencia y este lunes no se reveló el detalle exacto ni cuánto aportará cada país, datos que en estos momentos son confidenciales, según indicaron fuentes diplomáticas.
Las mismas fuentes precisaron que hay más disposición a ayudar aportando dinero que acogiendo migrantes.
Un coordinador de la Comisión Europea trabajará con los Estados miembros bajo presión migratoria en los próximos meses para repartir el fondo de solidaridad en función de las necesidades.
La ayuda se canalizará después a través de sistemas ya existentes y se creará una línea presupuestaria para los Estados miembros que deben ser apoyados.
Contingente anual de solidaridad
El Consejo ha alcanzado hoy un acuerdo político sobre el llamado «contingente anual de solidaridad», un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.
Está previsto para aliviar la carga de los países a los que llegan la mayoría de los migrantes, España entre ellos, y reducir a largo plazo la presión migratoria en todos los Estados miembros.
El ministro español dijo a su llegada que España iba a abstenerse en la votación del contingente.
Ese fondo común de solidaridad prevé tres tipos de medidas: reubicaciones, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas. Cada Estado miembro decide qué tipo de medida de solidaridad promete, incluyendo la posibilidad de comprometer una combinación de diferentes medidas.
En noviembre pasado la Comisión Europea concluyó, tras evaluar una serie de criterios, que España, Chipre, Grecia e Italia se encuentran bajo presión migratoria y pueden beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo común.
Por su parte, identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países que se enfrentan a una situación migratoria significativa debido a la presión migratoria acumulada en los años anteriores y dijo que tenían la posibilidad de solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo común de solidaridad.
Todos ellos, menos Bulgaria, han pedido ser eximidos de esas contribuciones con vistas a 2026, aunque uno de ellos solo quiere una reducción parcial.
Bulgaria aún podría solicitar en el futuro quedar exento pero fuentes diplomáticas consideraron poco probable que así ocurra.
Tras el acuerdo político de hoy sobre el fondo común de solidaridad, el Consejo deberá adoptar formalmente la decisión de ejecución, lo que ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2025.
El mecanismo de solidaridad se prevé en el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración, que es uno de los elementos del Pacto sobre Migración y Asilo. EFE
