Tegucigalpa – La violencia por el crimen o las pandillas causó el desplazamiento forzado de 247.090 personas en Honduras entre 2004 y 2018, alerta un informe presentado este miércoles en Tegucigalpa, en un evento en el que expertos señalaron que el país requiere legislar para proteger a los desplazados.
El estudio, denominado «Caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018», fue presentado por la Secretaría de Derechos Humanos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y analiza los agentes que obligan a los hondureños a abandonar sus hogares.
«Existen aproximadamente 58.550 hogares en los cuáles al menos uno de sus integrantes se desplazó a causa de la violencia entre 2004 y 2018, en total esto representa 247.090 personas», destaca el informe.
Del total de hondureños que han tenido que abandonar su hogar, 191.000 personas (77 %) fueron «directamente desplazadas por la violencia u otras violaciones de derechos humanos» y más de 56.000 nacieron o se incorporaron a los hogares afectados después del desplazamiento.
«Más de la mitad de estos desplazamientos se produjeron en los últimos cinco años, aunque puede haber un sesgo de memoria en la respuesta lo que impide que se puede concluir un agravamiento del problema», añade.
Según el documento, el 55 % de los consultados para esta investigación admitió que se vio obligado a abandonar su hogar por amenazas de muerte, 40 % por asesinatos de familiares; 13 % por extorsión y el 3 % por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado.
INVISIBILIDAD
El representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis, dijo a Efe que todavía hay una «gran invisibilidad» del desplazamiento forzado, pese a que las autoridades del país reconocen el fenómeno.
«En Honduras se sigue conociendo de casos de violencia, pero poco se analiza que impacto tiene la violencia sobre las familias, las personas y las comunidades en su conjunto», enfatizó.
Celis indicó que el estudio permitirá mostrar que significa «la violencia sobre las personas y porque huyen» de sus hogares.
Expresó además que le preocupa que la respuesta frente al fenómeno «sigue siendo débil», pese a los esfuerzos de las autoridades del país centroamericano.
«Nos preocupa que para la sociedad no es visible lo que está ocurriendo, es visible la migración, pero no el desplazamiento forzado ni el impacto ni la obligación que tiene la sociedad y el Estado de proteger a estas personas», enfatizó.
LEY PARA PROTEGER A DESPLAZADOS
El representante de Acnur lamentó que el Parlamento hondureño no ha aprobado un proyecto de ley presentado para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente.
El proyecto de ley fue presentado en marzo pasado por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras, sin que siquiera se llegue a discutir.
De acuerdo a las autoridades hondureñas, el proyecto prevé además la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Respuesta, que incluye medidas de protección y prevención.
Celis indicó que el número de personas desplazadas demuestra que «hay algo grave» y debe llamar la atención de la sociedad, y «generar una respuesta más consistente» del Estado.
ENTENDER EL FENÓMENO
Según el documento, el 77 de los hogares admitió que se vio obligado a abandonar su hogar por la violencia e inseguridad y un 47 % responsabilizó a las pandillas.
La ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cueva, coincidió con Celis en señalar que el estudio permitirá «entender el fenómeno».
En declaraciones a Efe, Cueva dijo que la prevención de la violencia contra la mujer y otros tipos de criminalidad es el «gran reto» de Honduras.
Destacó también la importancia de aprobar la ley para proteger a los desplazados por la violencia.
«La ausencia de una respuesta preventiva y de protección apropiada de parte de las instituciones impide brindar una respuesta oportuna que contrarreste las causas del desplazamiento», enfatiza el informe.
La respuesta del Estado frente al fenómeno «es parcial y no ha alcanzado los niveles de coordinación requeridos», por lo que «es urgente el desarrollo de protocolos que respondan integralmente a las necesidades de protección de la población desplazada», añade el documento.
