Tegucigalpa (Proceso Digital /Por Isis Rubio) – Los crímenes contra miembros de la población LGTBIQ+ en Honduras sobrepasan los 200. Solo en lo que va de este año las estadísticas dan cuenta de 22 asesinatos mientras que entre el 2015 al 2020 los reportes indican que 183 fueron las víctimas fatales. Aparte de ello, la violencia, la discriminación y el odio, siguen excluyendo y dañándoles cada vez más, se indica en el informe sobre la situación de la comunidad diversa en el país.
– En los últimos cinco años, según denunciaron las organizaciones cada 12 días una persona de la comunidad LGTBIQ+ es asesinada en Honduras.
El patrón de discriminación y desigualdad hacia la población LGTBIQ+ en Honduras no solo continúa, sino que se intensifica. La violencia sistémica genera un aumento preocupante de agresiones y asesinatos, dijo a Proceso Digital Denilson Barrientos, miembro de la asociación LGBT Arcoiris, durante un evento para exponer una realidad que les vulnera profundamente.
De acuerdo a los datos de su organización, la comunidad LGTBIQ+ de Honduras se convierte en la más castigada de Centroamérica.
Recordó que, en 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaba que en Honduras se producen el 50% de los crímenes contra este colectivo de la región.
De acuerdo con las personas defensoras de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, la Policía Nacional, Policía Militar y el Ejército siguen encabezando la lista de responsables de estas violaciones de derechos contra el colectivo, especialmente contra los trans.
Desde el Comité de la Diversidad Sexual se recoge también que los agentes de seguridad del Estado recurren a algunos de los tipos penales contemplados en el nuevo Código Penal, así como en sus reformas (desórdenes públicos, perturbación del orden, desobediencia a la autoridad, reuniones y manifestaciones ilícitas…) para justificar las detenciones de integrantes de la comunidad LGTBIQ+.
En 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Michel Forst, expresó su preocupación “por el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB, la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total”, expresó.
28 crímenes resueltos
La impunidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la diversidad sexual en el país y en donde apenas se presentan avances.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más del 90% de los crímenes contra personas LGTBIQ+ se mantienen en la impunidad, dijo a Proceso Digital Ruby Cardona miembro de la asociación Muñecas de Arcoiris.
De acuerdo con los datos de la Red Lésbica Cattrachas, solo 29 de los crímenes cometidos en los últimos cinco años han sido judicializados.
“Estos niveles de impunidad contribuyen de manera indirecta a generar en el imaginario colectivo la idea de que la violencia y la discriminación en contra de la población LGTBI son aceptadas y toleradas por el Estado y sus funcionarios”, señaló.
Cardona fue víctima de la violencia por parte de un sujeto que al verla en la calle la golpeó hasta dejarla inconsciente, “interpuse la denuncia, capturaron al hombre, pero rápido salió de la cárcel, solo por el hecho que soy una mujer trans”, arguyó.
Propuesta de reforma al RNP
Por su parte, Grecia O’Hara del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (Somos CDC), detalló a Proceso Digital que este noviembre introducirán al Congreso Nacional una propuesta de reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP), con el objetivo que en la identidad aparezca el nombre que ellas han elegido y con el que son conocidas.
Detalló que “sabemos que ya viene un proceso electoral, pero tenemos que actuar, no podemos dejar dormir esto, ellos sabrán cuando nos responderán si será en este o el próximo Congreso, lo importante para nosotros es actuar en tiempo y forma”.
Explicó que todas las organizaciones LGTBI+ están unidas tratando de lograr que se les cambie el nombre de pila por el que adoptaron para lo cual acudieron al Registro Nacional de las Personas (RNP), donde les respondieron que ellos la ley les inhibe en tal sentido.
Dada esa prohibición, las organizaciones introdujeron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia aduciendo que se les violentan sus derechos fundamentales. Evacuadas las vías administrativa y judicial, ahora su lucha en la Cámara Legislativa.
Igualmente reivindicó como un logro de las organizaciones civiles que luchan por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, el hecho de que en la nueva tarjeta de identidad no aparezca el sexo del ciudadano.
La discriminación y la desigualdad
O’Hara recriminó la forma en como gran parte de los medios de comunicación abordan el tema de personas del conjunto LGTBIQ+, ya que se sienten discriminadas y en algunas ocasiones hasta se fomenta el odio y la violencia contra la comunidad.
“Nosotros buscamos que nos miren de otra forma, por ejemplo, la forma en que podemos contribuir en la sociedad” externó.
Siguió exponiendo su idea al apostillar que en muchos espacios mediáticos únicamente les dan cabida para temas como el matrimonio igualitario. “Estamos buscando que nos miren con otros ojos, y no ser noticia cuando matan alguna de nosotras”, refrendó.
Agregó que esta violencia estructural y sistémica solo se puede afrontar atajando los patrones de discriminación y desigualdad enquistados en la sociedad y la legislación hondureña.
Durante los últimos cinco años, varias organizaciones de la diversidad sexual del país como Asociación Arcoiris, Red Lésbica Cattrachas o Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (Somos CDC) han interpuesto varios recursos ante la Sala Constitucional por la prohibición del matrimonio igualitario, recogido en el artículo 112 de la Carta Magna del país, sostuvo.
En ese sentido, dijo que tras ser declarados “inadmisibles” estos recursos por “falta de legitimación” según la Corte Suprema de Justicia, el Comité de la Diversidad Sexual volvió a presentar otras acciones hasta que finalmente fue admitido para trámite uno de los tantos recursos interpuestos.
“La sola admisibilidad de estas acciones ha generado un aumento de amenazas y difamaciones hacia las organizaciones. De igual manera, la disponibilidad de recursos judiciales en temas de adopción, violencia intrafamiliar y cambio de nombre resultan siendo inexistentes para la población LGTBIQ+ en Honduras. Si bien el Estado cuenta con un marco normativo, existe una diferenciación en la aplicación de la ley lo que impide un trato igualitario”, apuntó.
Protección a la comunidad LGTBIQ+
Por su parte, la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Francia Maradiaga dijo a Proceso Digital que entre el 2015 y el 2020, muchos organismos internacionales han hecho un llamado a mejorar la protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras.
Recordó que en 2018 y tras el asesinato del defensor Osmín David Valle Castillo, desde Naciones Unidas recordaban que “la violencia y la intimidación contra los defensores de los derechos humanos de las personas LGBTI requieren una respuesta firme por parte de los gobiernos, con el fin de garantizar la libertad de los defensores y activistas de llevar a cabo su importante labor de promoción y protección de los derechos humanos para todos”.
En ese sentido, dijo que la protección de las personas defensoras de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ queda recogida en la Ley de Protección Nacional a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que nació como seguimiento a las recomendaciones ofrecidas en 2015 y adjunto a la ley que crea también el Mecanismo Nacional de Protección.
La presentación del informe sobre la situación de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras fue auspiciada por Brigadas Internacionales de Paz, asociación LGTB Arcoíris, SOMOS y la Agencia Catalana de Cooperación.
