Miami – Grupos de activistas y de los derechos civiles criticaron este viernes que el presidente, Joe Biden, mantenga el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las camas para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados, y lo calificaron de «oportunidad perdida».
Biden anunció este viernes su propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, que comienza en octubre, y que asciende a seis billones de dólares, parte de los cuales servirán para financiar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y pagar las 30.000 camas en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En caso de aprobarse en sus actuales términos, DHS recibiría más de 52.000 millones de dólares en el año fiscal 2022, prácticamente lo mismo que en el actual periodo fiscal, aprobado durante el gobierno del hoy expresidente Donald Trump.
La solicitud de presupuesto incluye unos 2.800 millones para la detención de inmigrantes, cifra muy similar a la existente con el republicano, que hizo de la política migratoria una de sus prioridades y aumentar las deportaciones una enseña de su presidencia.
Jorge Loweree, director de políticas del American Immigration Council, consideró que esta propuesta mantiene en «gran medida» los niveles de la era Trump para la aplicación de las leyes migratorias, lo que, en su opinión, es «profundamente decepcionante y una oportunidad perdida para un cambio significativo».
Loweree esperaba que el primer presupuesto de Biden fuera el momento de establecer una nueva forma de aplicar las leyes migratorias.
Bridgette Gomez, directora de la campaña We Are Home, que engloba al sindicato SEIU y grupos como el formado por «soñadores» United We Dream, dijo que están «profundamente decepcionados» al ver que el DHS continuará con los niveles de detención de ICE de la era Trump.
En marzo, We Are Home se unió a la coalición Defund Hate para pedir al Congreso que recortara los fondos para ICE y CBP en al menos un 50 % y intentó presionar hasta última hora para que Biden redujese las partidas para las agencias migratorias, pero su intento fue en vano.
Por su parte, Naureen Shah, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), consideró que la propuesta de presupuesto de Biden no «rompe con el gasto dañino y derrochador» de la Administración Trump en materia migratoria.
Y criticó que se mantengan programas «abusivos» como el 287g de ICE, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales para entrenar a agentes y llevar a cabo funciones migratorias, como verificar el estatus legal de los detenidos y entregarlos al ICE en caso de que sean indocumentados.
En opinión de Shah, Biden fracasa en su intento de poner en práctica una retórica que habla de construir un sistema de inmigración «justo y humano» y le animaron a reflejar esa visión reduciendo las partidas financieras de programas que «abusan, degradan y criminalizan a los inmigrantes».
La propuesta de Biden se enviará ahora al Congreso, donde encarará con toda seguridad la negativa frontal de la oposición republicana, que considera excesivos los seis billones previstos para 2022, el nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.
