Tegucigalpa – La organización humanitaria Oxfam y el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih) lanzaron este miércoles una campaña denominada «Forzad@s a salir, con el derecho de vivir» que busca promover políticas públicas integrales para prevenir y atender la migración y el desplazamiento forzado.
La campaña insta a las autoridades de Honduras a que «cumplan con sus responsabilidades» y colaboren para dar asistencia humanitaria a las personas en movilidad a través del fortalecimiento de las redes de apoyo y respaldando iniciativas legales que promuevan el respeto de sus derechos humanos, indicó Oxfam en una nota de prensa.
Oxfam y el Fonamih advirtieron que el aumento de la migración y del desplazamiento forzado «continuará colocando a Honduras a las puertas de continuas crisis humanitarias», por lo que consideran que «es urgente un mayor reconocimiento nacional e internacional para prevenir y atender» esos fenómenos.
«Si el año anterior fue difícil, el actual se advierte aún más complejo, ya que se han agudizado las causas estructurales de la migración y el desplazamiento forzado, tales como la pobreza, la desigualdad de género, la corrupción, los efectos del cambio climático y la violencia e inseguridad», destacaron.
A la presentación de la campaña asistieron el director de Oxfam en Honduras, George Redman; la ministra hondureña de Derechos Humanos, Jackeline Anchecta; la secretaria ejecutiva del Fonamih, Karen Valladares, y el investigador del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh, privado), Rodulio Perdomo.
«Encontrar respuestas adecuadas será posible si el Estado genera las condiciones para entablar un diálogo participativo con las organizaciones de la sociedad civil, los comités de familiares de migrantes, personas migrantes y familias desplazadas, para que ellas asuman el rol de protagonistas en la gestión de las propuestas», dijo Redman.
Los expertos analizaron los mecanismos y las políticas que deben implementarse para «prevenir y atender» la migración y el desplazamiento en el país, donde 8,5 % de su población es migrante y unas 250.000 personas han sido desplazadas de manera forzada.
Oxfam y el Fonamih exigieron al Estado de Honduras tomar «medidas para enfrentar estas problemáticas» con un enfoque de género e inclusión para los grupos que enfrentan «una doble vulnerabilidad, como la niñez que viaja sin acompañantes, mujeres embarazadas, personas indígenas y afrodescendientes, la comunidad LGTBI, personas con discapacidad, la población de la tercera edad, entre otros».
Valladares solicitó al Parlamento hondureño aprobar «lo antes posible» el anteproyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas forzadamente», presentado en marzo de 2019.
«Con su aprobación, el Estado reconocería los derechos de más de 250.000 ciudadanos y ciudadanas, restituyendo sus derechos y facilitando los mecanismos de protección y asistencia para estas personas», subrayó la experta.
La aprobación de esta ley ha sido recomendada a Honduras por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).