Bruselas – Las ONG dedicadas al rescate de migrantes y demandantes de asilo en el Mediterráneo pidieron hoy a la Unión Europea (UE) que modifique las legislaciones comunitarias y nacionales para que no se pueda considerar criminales a los voluntarios que salvan vidas en el mar.
«Muchos de ellos han sacrificado sus carreras, su dinero y su vida cómoda para evitar que muera gente a las puertas de Europa. Han trabajado voluntariamente para ayudar a los que huyen de hambrunas, muertes, torturas, violaciones. Son algunas de las mejores personas que he conocido nunca y ahora se les trata de criminales», declaró el médico Constantin Nestler en la Eurocámara.
Ese voluntario, que ha participado en misiones de salvamento de los barcos Jugend Rettet y Lifeline, se dirigió así a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo en un audiencia pública sin voto para analizar la evolución de un debate de plena actualidad en el seno de la UE.
Nestler subrayó que si bien las llegadas de inmigrantes se han reducido notablemente en los tres últimos años, pasando de 1.047.210 individuos durante el pico migratorio de 2015 a los 50.430 registrados entre enero y junio de 2018, la proporción de muertos en el mar se ha multiplicado por cuatro.
En 2015, según Nestler, fallecían en el Mediterráneo 1 de cada 64 personas que intentaban llegar a la UE, mientras que actualmente pierden la vida 1 de cada 16, al tiempo que las autoridades de países como Italia dificultan el trabajo de rescate de embarcaciones como el Lifeline, el Seawatch III o el Acuarius.
«La UE defiende valores humanitarios y si embargo trata como criminales a esas personas», agregó el voluntario, quien indicó que como médico tiene la obligación de ayudar a quien precise asistencia.
También intervino en el comité parlamentario el fundador de la ONG danesa Humanity, Salam Aldeen, a quien la justicia griega exculpó el pasado mes de mayo de las acusaciones de participar en el tráfico de seres humanos en la isla helena de Lesbos.
La vida de Aldeen cambió radicalmente en septiembre de 2015, al ver la foto del niño sirio de tres años y origen kurdo Alan Kurdi ahogado en una playa turca.
«Yo era un chico normal y corriente. Tenia una casa, trabajo, amigos, familia… ¿qué más podía pedir? Pero la foto de Alan Kurdi se me quedó clavada durante días. No podía entender cómo aceptábamos fácilmente su muerte, la de un niño inocente. Su familia sólo quería darle una oportunidad de vivir, para que no tuviera que vivir en una zona de guerra», comentó.
Aldeen, que a los 9 años huyó con su familia de Moldavia para escapar de la guerra civil y terminó obteniendo el estatuto de refugiado en Dinamarca, decidió entonces involucrarse en primera persona en el salvamento de seres humanos y terminó por fundar una ONG.
Pero en 2017 fue detenido por las autoridades griegas y estuvo en un calabozo del que pudo salir tras pagar una fianza de 10.000 euros y con la imposición de no abandonar Grecia, con la posibilidad en el horizonte de ser condenado a cadena perpetua, hasta que quedó judicialmente exculpado.
«La ayuda humanitaria no puede criminalizarse. La UE tiene que reformar su legislación», agregó el activista humanitario.
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, envió a la comisión parlamentaria un vídeo de 5 minutos en el que explicó que ese organismo ha ayudado a rescatar a 23.000 personas en lo que va de año.
El representante de la Comisión Europea (CE) Ioan-Dragos Tudorache recordó que el Ejecutivo comunitario tiene «propuestas legislativas en el tapete», aunque reconoció que hay cierto «atasco» en la tramitación de esas iniciativas.
No obstante, subrayó que «ninguna medida legislativa a nivel de directiva o de directriz tendría el tipo de impacto que estamos buscando», de forma que la respuesta debe de ser política.
Entre esas propuestas destaca que Frontex pase a disponer en 2020 de 10.000 agentes, frente a los 1.300 efectivos desplegados y 1.500 guardias de reserva de la actualidad.
En paralelo, la UE intenta cerrar acuerdos con países del norte de África, como Libia o Egipto, mientras los Veintiocho debaten cómo gestionar internamente las llegadas de aquellos que consiguen superar el mar y llegar a Europa.
