Fotografía del 22 de febrero donde aparecen dos agentes de la Patrulla Fronteriza mientras atienden a unos niños en un punto del área conocido como Quitobaquito, en la frontera de Arizona con México (EE.UU.). EFE/Paula Díaz/Archivo

Washington – Legisladores hispanos en el Congreso pidieron este miércoles información para determinar si el Gobierno del presidente Donald Trump ha estado usando las agencias de servicios sociales en la frontera para separar a mujeres que buscan asilo de sus hijos recién nacidos en Estados Unidos.

Los miembros del Caucus Hispano en el Congreso señalan en una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que, según informes de los medios, el gobierno ha pedido a esas agencias que tomen custodia de los recién nacidos después que el DHS «intentó detener a sus madres o enviarlas a México».

Desde hace más de año el gobierno de Trump ha aplicado un programa denominado oficialmente como Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), y conocido como «Permanezca en México», por el cual se devuelven al país vecino las personas que llegan a la frontera sur de EEUU, para que esperen allá el trámite de sus solicitudes de asilo.

Los legisladores citan en su carta el caso de una mujer hondureña de 19 años de edad quien dijo que la Patrulla de Fronteras amenazó con separarla de su bebé nacido pocas semanas antes en un hospital de Chula Vista, California. Al haber nacido en Estados Unidos la criatura es ya ciudadana de este país.

La mujer, según los legisladores, «fue casi detenida y enviada a México mientras su bebé recién nacido continuara recibiendo asistencia en la unidad de cuidados intensivos».

«Dado que estas separaciones familiares involucran a ciudadanos de Estados Unidos, no se cuentan en las estadísticas de DHS sobre separaciones familiares, ni son parte del litigio federal en San Diego relacionado con la brutal política del gobierno de Trump que separó miles de niños y deportó a sus padres y madres sin sus hijos», indica la carta.

Los legisladores añaden que, dado que tienen información limitada sobre las separaciones familiares que afectan a ciudadanos estadounidenses, se han puesto en contacto con las agencias de servicios sociales en los estados fronterizos para obtener más datos sobre estos casos.

«Tenemos un deber moral de proteger a las familias y a los niños», afirman los miembros del Congreso. «No podemos permitir que la Administración Trump siga usando la separación de familias como un estrategia cruel hacia las familias que huyen de la violencia, la persecución y aún la muerte».