Tegucigalpa – La Ley de Justicia Tributaria que en breve el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para su discusión y aprobación es también ¿motor de la migración?

-Se prevé que el Consejo de Ministros discuta este lunes por última vez sobre la Ley de Justicia Tributaria y a su brevedad sea enviada al Congreso hondureño.

Esta interrogante es afirmativa para el sector privado de Honduras si antes no se escuchan sus argumentos y se modifican algunas de las matrices de la ley que impulsa el Poder Ejecutivo del país centroamericano.

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Con el instrumento normativo fiscal el gobierno pretende parar el abuso de las exoneraciones fiscales, que según el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, suman 59 mil millones de lempiras anuales.

No obstante, el sector privado refuta la anterior cifra y advierte de una serie de consecuencias para Honduras como más inflación, desempleo y flujos migratorios.

Más migración

Más migración es una de las consecuencias que la nación podría sufrir si se aprueba la ley y no se escuchan los argumentos del sector privado, señaló el presidente ejecutivo de Asociación Nacional De Industriales (ANDI), Fernando García.

Si los técnicos del gobierno no escuchan los argumentos del sector privado sobre la Ley de Justicia Tributaria, van a generar para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro más inflación, desempleo y migración, advirtió el directivo empresarial.

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En ese orden, exhortó al diálogo y permitir exponer los argumentos del sector privado sobre esta iniciativa de ley.

Destacó que existe anuencia de la presidenta Castro, pero deben ser sus técnicos y designados quienes deben ejecutar la orden y escuchar al sector privado.

El sector privado ha preparado un documento de más de 300 páginas donde sustentamos todo lo que decimos sobre esta iniciativa de ley, notificó el directivo presidente ejecutivo de la ANDI.

Se debe revistar

En opinión  de Amílcar Bulnes, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en la propuesta original de la Ley de Justicia Tributaria existen algunas cosas que no están bien, por lo que se debe revisar.

Sin embargo, el tiempo para esta socialización se acaba ya que el Poder Ejecutivo trabaja en los últimos detalles para su pronto envío al Congreso Nacional donde se prevé será aprobada pese al voto en contra de la oposición política.

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A  los hondureños que nos corre por la sangre el emprendedurismo no estamos de acuerdo que se le den beneficios a aquellos que van a competir contra los que sí pagan impuestos, sostuvo el directivo empresarial.

Detalles como el anterior se deben corregir, sentenció. Acto seguido ejemplificó que sectores como la manufactura deben competir con mercados agresivos como el europeo o el canadiense y eso se puede ver afectado por la propuesta de Ley.

“Estamos de acuerdo en que se eliminen privilegios, pero también que las leyes eviten los abusos”, acotó.

El origen

Aunque se conocen muchos aspectos de la nueva ley también existen muchos otros que se desconocen, lo que genera incertidumbre sobre el tema.

El origen del anuncio de la nueva ley tuvo lugar durante la presentación del informe del primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro el pasado 30 de enero.

“En los próximos días remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una profunda reforma de Ley de Justicia Tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones e instaurar un sistema progresivo y justo”, manifestó Castro en aquel entonces.

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Se perdonan anualmente al sector privado más de 60 mil millones de lempiras que se dejan de pagar en impuestos, protegidos con 40 leyes que le fueron aprobados bajo la condición de atraer inversión y generar empleo, y en paralelo se crearon 14 nuevos impuestos cargado directamente al pueblo, provocando mayor distorsión e inequidad en el sistema tributario, reflexionó la presidenta hondureña.

“Puedo afirmar con certeza, que contrario a lo que sostienen los obsesionados defensores del modelo en nuestro país, son los excluidos los emigrantes y los pobres quienes sostienen la economía y subsidian a la clase económica privilegiada”, sostuvo.

¿Justicia tributaria?

Desde el gobierno se ha defendido desde el anuncio de la iniciativa de ley que esta no busca más que justicia tributaria.

En ese contexto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, señaló que las personas y empresas que tienen altos ingresos son las que deben pagar más impuestos.

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“Lo que debemos garantizar es que si hay personas que reciben ingresos altos, estos paguen sus impuestos con sus ingresos, lo mismo debe ser con las empresas”, declaró.

Reconoció que el sistema tributario de Honduras es altamente regresivo porque está basado en impuestos que al final paga la mayor parte la población.

Pino indicó que en los países desarrollados, la proporción de los ingresos directos, que son los que gravan el ingreso y la riqueza, es del 70 % en relación a los indirectos. Detalló que en la actualidad, los ingresos indirectos son entre el 60 al 65 % en el país.