Nueva York.- Una coalición de sesenta líderes religiosos y grupos proinmigrantes le pidieron al gobernador de Nueva Jersey (EEUU), Phil Murphy, que financie completamente un programa que ofrece asistencia legal gratis a inmigrantes en centros de detención y que enfrentan deportación.
Los líderes enviaron una carta a Murphy con su reclamo para que se aumente la asignación al Fondo para la Defensa Legal de Inmigrantes Detenidos, creado por su administración en 2018, cuando asumió el cargo de gobernador, y al que inicialmente le fueron asignados 3,1 millones de dólares.
Los líderes recuerdan al gobernador que en menos de dos años este programa piloto ya ha representado a cientos de individuos, ayudado a padres a reunirse con sus hijos, a otros inmigrantes a buscar asilo, así como otras formas de protección contra la deportación.
Le exhortan a que, en momentos en que prepara el presupuesto para el nuevo año fiscal 2021, financie en su totalidad el programa de asistencia legal gratis para individuos de bajos ingresos y que, según los líderes religiosos y activistas, tendría un coste para el estado de 15 millones de dólares al año.
Aseguran que esa financiación es sólo un paso para garantizar la representación de los más de 2.000 inmigrantes detenidos en el estado que no pueden pagar un abogado.
«Antes de que este programa comenzara, dos tercios de los inmigrantes detenidos lucharon contra su deportación sin asesoría legal», señala la carta y agrega que en este momento sólo puede satisfacer las necesidades de representación legal de aproximadamente el 21 % de esos inmigrantes detenidos.
Destacan que el programa ha sido exitoso en casos como el de un inmigrante ecuatoriano, identificado sólo como «Mr. C», casado y con dos hijas de 4 y 3 años, quien fue detenido cuando llevaba a la escuela a la mas pequeña por conducir sin licencia.
A través del programa obtuvo asesoramiento legal, fue dejado en libertad y se reunió con su familia. «Con un programa totalmente financiado, más familias pueden reunirse en Nueva Jersey y nadie tendrá que enfrentar la deportación», agrega la carta, que tiene entre sus firmantes a la Unión de Libertades Civiles.
Recuerdan además al gobernador que los inmigrantes pagan alrededor de 6.500 millones de dólares en impuestos locales y al estado.
También que más de 120.000 inmigrantes empresarios emplean a 270.5000 trabajadores a través del estado. Igualmente destacan que los inmigrantes indocumentados y sus familias en Nueva Jersey tienen un poder adquisitivo de 8.500 millones de dólares.
Indican además que se estima que 5.100 menores que en 2011 estaban en hogares de acogida tenían un padre en un centro de detención o que había sido deportado.
También que cuando un inmigrante cuenta con asistencia legal, es más probable que gane su caso y las familias se mantengan unidas.
«La deportación es una de las sanciones más duras que una persona puede enfrentar, según la ley de los EE.UU. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes no tienen derecho a un abogado y no pueden pagarlo», señalan.
«El acceso a la representación legal garantiza el debido proceso y una oportunidad para una audiencia justa y hace que nuestro sistema de inmigración sea más eficiente», agregan en la carta, que firman diversas iglesias y grupos de asistencia a inmigrantes.
