Los Ángeles – Más de dos años después de dar el primer grito de guerra contra la ley SB 54, que convirtió a California en un estado santuario para inmigrantes y limitó la cooperación de las autoridades locales con los agentes de inmigración, la ciudad de Los Alamitos rescindió la ordenanza que los excluía de la aplicación de la norma.
La decisión de derogar la ordenanza, por la que esta pequeña localidad ubicada en el condado de Orange se eximia de aplicar la ley santuario, es resultado de un acuerdo alcanzado con un grupo comunitario que demandó a la ciudad con la ayuda de Unión Americana de Libertades (ACLU), y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), entre otros.
En marzo de 2018, a menos de tres meses de que entrara en vigor la SB 54, conocida como “el Acta de Valores de California”, el concejo de la ciudad aprobó la ordenanza de incumplimiento argumentando que la ley estatal era inconstitucional.
Desde entonces, los tribunales federales y estatales han declarado que esa postura no es válida, incluso un Tribunal de Apelaciones de California cuando adoptó una postura similar contra la ciudad de Huntington Beach, que siguió los pasos de Los Alamitos.
El gobierno del presidente Donald Trump también demandó a California y a su gobernador, Gavin Newsom, por las leyes santuario, una batalla legal en la que el Estado Dorado ha tenido los veredictos a favor.
«Nos complace que la ciudad haya revertido su intento ilegal de eximirse de la Ley de Valores de California y atendió las llamadas de los residentes locales para comenzar a restablecer la confianza y el respeto entre todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio», dijo la abogada de ACLU del sur de California Jessica Karp Bansal.
La decisión de Los Alamitos generó una ola de protestas en 2018 y de enfrentamientos entre los sectores que defienden a los migrantes y grupos conservadores del área del condado de Orange, de tradición republicana.
Samuel Pullen, miembro de Community United, pastor de la iglesia Community Congregational United Church of Christ, y uno de los demandantes dijo en una sesión del concejo que la medida había causado división en Los Alamitos y «mala voluntad» hacia los inmigrantes.
“Espero colaborar con ustedes para reconstruir una comunidad que sea segura, justa, inclusiva, respete la diversidad de perspectivas y la dignidad de cada persona”, consideró en un comunicado Pullen, al destacar que en medio de la pandemia de COVID-19, se deben dejar de lado las diferencias y buscar puntos en común.
Como parte del acuerdo, la ciudad tendrá que pagar 200.000 dólares a los demandantes para pagar los honorarios de los abogados.
Además Los Alamitos acordó reunirse con Community United como parte de un esfuerzo por reconstruir la confianza de la comunidad y designar un representante para abordar cualquier inquietud sobre el cumplimiento de la ciudad sobre el Acta de Valores de California.
